El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó este sábado sobre el fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido popularmente como la cárcel de Uribana, ubicada en el estado Lara.
Según una nota de prensa publicada por la ONG, el deceso es consecuencia directa de la «negligencia y la desidia del Estado», que habría negado la atención médica oportuna que requería el privado de libertad.
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La muerte del recluso, identificado como Henry Pastor Cristancho Becerra, de 53 años de edad, se registró la semana pasada de acuerdo a la información manejada por el OVP.
CRISIS SISTÉMICA
La denuncia subraya que este caso no representa un hecho aislado, sino que se suma a una alarmante estadística de muertes de personas bajo la custodia del Estado venezolano.
De acuerdo con los reportes de la ONG, el recluso padecía complicaciones de salud que se agravaron ante la ausencia de fármacos y la falta de traslados a centros hospitalarios externos para recibir tratamiento especializado, aunque de momento se desconoce la causa exacta de su deceso.
En este sentido, aseguraron que la muerte de Cristancho es fiel reflejo de la grave crisis humanitaria que azota a los recintos carcelarios del país.
«Familiares de los privados de libertad han relatado al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que las condiciones de reclusión en Uribana son inhumanas y degradantes», precisó la ONG.
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Actualmente, los reclusos sobreviven a diario con una dieta basada única y exclusivamente en harinas, sin la ingesta de ningún tipo de proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales. Esta alimentación deficiente ha provocado cuadros de desnutrición severa y pérdida de peso en gran parte de la población penal.
«A esta hambruna sistemática se le suma el colapso total del derecho a la salud. Dentro del penal es prácticamente inexistente la atención médica oportuna, no se cuenta con médicos generales, mucho menos con personal especializado, ni con los insumos básicos para diagnosticar o tratar enfermedades», advierten en su publicación.
Por último, reiteraron que garantizar la vida de quienes se encuentran bajo la custodia del Estado «no es una opción o un favor, sino una obligación constitucional e internacional».
