Los familiares de los presos políticos detenidos en el segundo edificio de la Cárcel de Yare, conocido como Yare II, realizaron una grave denuncia sobre «posibles tratos crueles» a los que se está sometiendo a los injustamente recluidos en el penal mirandino.
Así lo dio a conocer el Comité por la Libertad de los Presos Políticos a través de sus redes sociales, donde exigieron la intervención inmediata del Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo.
«Familiares denuncian que en Yare II los detenidos estarían pasando hambre: la comida sería muy mala, insuficiente y dependerían casi por completo de los pocos alimentos que las autoridades permiten ingresar cada 15 días, durante una visita que apenas dura 20 minutos», escribió la ONG en su cuenta de X (Twitter).
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De igual manera, advirtieron que amenazaron a los familiares de los detenidos golpeados, para que no denunciarán la situación.
«Los presos estarían recibiendo tablazos y agresiones físicas constantes, llegando a presentar extensos hematomas en distintas partes de su cuerpo como consecuencia de estas golpizas. Estas denuncias reflejan posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos por la constitución, el derecho internacional y contrarios a las Reglas Mandela», expuso el Comité en su publicación.
EXIGEN DETERMINAR RESPONSABILIDADES DE LOS ABUSOS
En este sentido, exigieron al MP y a la Defensoría investigar estas denuncias para determinar responsabilidades, así como ofrecer «protección para los detenidos y garantías para sus familiares».
«Llamamos al país a condenar con firmeza estas lamentables condiciones a las que estarían siendo sometidas personas inocentes en cárceles crueles, que evidencian el carácter inconstitucional, cruel e inhumano de un sistema que intenta profundizar el terrorismo de Estado, transgrediendo la dignidad humana», señaló la ONG.
Por último, hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional «a alzar su voz, activar sus mecanismos de monitoreo y exigencia, y acompañar a las familias que hoy denuncian estos hechos para evitar daños irreparables y garantizar la protección de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela».
