Nicolás Maduro pidió este viernes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos (DDHH) del organismo multilateral, Volker Türk, interceder por los 238 venezolanos que Estados Unidos (EEUU) deportó a El Salvador.
Según un comunicado oficial del gobierno chavista, Maduro conversó con Guterres y Türk, quienes expresaron su compromiso de activar mecanismos para restablecer los derechos de estos migrantes, quienes fueron recluidos en una cárcel conocida como la Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), creada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para encarcelar a los pandilleros de su país.
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El gobierno de EEUU alega que los venezolanos trasladados a El Salvador, son miembros de la mega banda Tren de Aragua, pero familiares de varios de estos migrantes niegan dicha versión.
Por su parte, el gobierno venezolano, a través del ministro de Interior, Diosdado Cabello; ha denunciado que de estos 238 migrantes enviados a la Cecot, ninguno cuenta con antecedentes penales.
RECHAZARON TAMBIÉN QUE CHILE ENTREGARA INFORMACIÓN SOBRE LA MUERTE DE RONALD OJEDA A LA CPI
El gobierno de Maduro rechazó este viernes que Chile le entregue a la Corte Penal Información (CPI) «información de contexto» sobre el asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda.
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, visitaron este viernes la CPI. El objetivo era denunciar el caso de Ojeda y agregarlo a la investigación sobre Venezuela.
Apenas un día después, el gobierno de Maduro consideró que Chile intentó una «ridícula maniobra» al acudir a la CPI. En tal sentido, sostuvo que se trata de una «absurda farsa» y una «operación de falsa bandera».
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«Pretende montar ante la CPI, basada en mentiras y falsedades que solo existen en la imaginación de quienes han decidido hacer de la política exterior un espectáculo de mala calidad», dijo el gobierno de Maduro.
El Palacio de Miraflores reiteró su teoría de que el asesinato de Ojeda se trata de «un caso aislado» y «alimentado de patrañas». Por ello, afirmó que es «jurídicamente insostenible» llevarlo ante la CPI y denota «ignorancia sobre el funcionamiento del Estatuto de Roma».
«La CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros, ni un escenario para montajes mediáticos. Es evidente que las autoridades chilenas no tienen la menor idea de cómo operan estos mecanismos», añadió.
