La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), emitió un comunicado para respaldar las acciones de la comunidad universitaria que exige mejoras salariales en un sector clave para el desarrollo nacional.
«El cuerpo de rectores reconoce el compromiso diario de cada miembro de la comunidad universitaria que, a pesar de las dificultades que los agobian por causa de la privación material, han continuado garantizando la actividad institucional y la alta calidad en todos los órdenes del funcionamiento de la universidad», destacaron en su misiva.
En este sentido, advirtieron que «los salarios humillantemente exiguos no solo impiden cubrir las necesidades básicas, sino que provocan una absurda contradicción: no es factible formar profesionales de excelencia para el presente y el futuro del país cuando el personal académico, administrativo y obrero es víctima de la precariedad económica y la desesperanza».
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Asimismo, recordaron que la Constitución Nacional establece en sus artículos 103 y 105 a la educación como derecho humano fundamental, obligando al Estado a garantizar los medios para su realización plena.
«Este mandato constitucional se desarrolla en la Ley de Universidades, cuyo Articulo 13 es preciso: el presupuesto para las universidades nacionales no será menor al 1.5% del total de rentas presupuestadas. Esta norma es una obligación jurídica cuantificable del Estado, cuyo cumplimiento se verifica con el desembolso efectivo de los recursos según la Ley de Presupuesto», detallaron en el comunicado.
DAÑO PATRIMONIAL AL PAÍS
Para la Averu esta situación genera «un daño patrimonial al país, comprometiendo su futuro como nación competitiva debidamente formada. Es una violación directa a la obligación del Estado de garantizar una educación de calidad».
«La educación universitaria pública es un pilar no negociable para el futuro de Venezuela. Su recuperación requiere del esfuerzo conjunto y del estricto acatamiento de la legalidad», añadieron en la misiva.
Por último, planteó «un camino claro y concreto», basado en tres acciones definidas, que serían: el cumplimiento inmediato del marco legal acatando del Artículo 13 y la correspondiente Ley de Presupuesto, que permita detener la pérdida de capacidades institucionales; atender la desvalorización salarial extrema y asegurar la operatividad mínima del sistema.
