Iván Simonovis, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas, denunció una grave «complicación médica» que afecta a uno de los funcionarios policiales sentenciados a 30 años de prisión por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002.
Según Simonovis, el policía preso enfrenta un deterioro significativo en su estado de salud. A su juicio, debido a las condiciones en prisión y la falta de atención médica adecuada.
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«Urgente: Trasladado al Hospital Central de Barquisimeto el preso político Luis Enrique Molina (…) Aparentemente diagnóstico: peritonitis, supuestamente lo van a operar. Por favor, alguien de derechos humanos o abogado que esté allá en Barquisimeto que pueda prestar la colaboración», escribió y publicó en X.
«Sus hijos no están en el estado, se encuentran lejos y sin recursos para movilizarse hasta el hospital. Su familia solicita apoyo de algún defensor u organización de Derechos Humanos. Para que se traslade al lugar y ayude a constatar su estado de salud», agregó luego el partido Voluntad Popular (VP), a través de la misma vía.
Esta situación ha generado preocupación entre sus familiares y defensores de derechos humanos, quienes exigen una respuesta inmediata de las autoridades.
🚨URGENTE | El preso político Luis Molina, policía metropolitano sentenciado a 30 años, fue trasladado al Hospital Central de Barquisimeto de emergencia por una peritonitis.
Sus hijos no están en el estado, se encuentran lejos y sin recursos para movilizarse hasta el hospital.… pic.twitter.com/8ONeDIrJd9
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) May 25, 2025
El caso de los policías metropolitanos condenados ha sido objeto de controversia desde el inicio. Simonovis y otros oficiales fueron acusados de «participar» en los enfrentamientos que resultaron en la muerte de varias personas durante las manifestaciones del 11 de abril de 2002.
A pesar de los años transcurridos, las condiciones de detención de estos funcionarios han sido denunciadas en múltiples ocasiones. Específicamente, por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos. Afirman, que los detenidos, no tienen acceso a atención médica especializada.
