El reciente caso que involucra al gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, y la deportación de venezolanos a El Salvador ha generado un intenso debate legal y político.
Según el juez federal James Boasberg, el gobierno pudo haber «actuado de mala fe» al apresurar la salida de estos migrantes antes de que un tribunal pudiera bloquear sus deportaciones.
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De hecho, durante una nueva audiencia por este caso, Boasberg presionó a un abogado del Departamento de Justicia para que explicara las acciones del gobierno durante el pasado 15 de marzo.
La finalidad es determinar si realmente ignoró sus órdenes para que regresaran a Estados Unidos los aviones que llevaban deportados venezolanos a El Salvador.
«Si realmente creyeran que algo de lo que hicieron ese día podría sobrevivir a un desafío judicial, no puedo creer que hubieran actuado como lo hicieron», dijo Boasberg.
Este caso pone de manifiesto las tensiones actuales entre el poder judicial y el ejecutivo, especialmente en temas relacionados con inmigración y derechos humanos.
El juez Boasberg había emitido una orden que prohibía las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación invocada por Trump para justificar estas acciones.
Además, ordenó que los aviones con migrantes venezolanos que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno argumentó que la orden no aplicaba a los vuelos que ya habían salido del espacio aéreo estadounidense, lo que generó una disputa sobre la interpretación de la orden judicial.
Boasberg —en la audiencia— expresó su sospecha de que el gobierno había intentado sacar a los deportados del país lo más rápido posible para evitar la intervención judicial.
Esta acción, según el juez, podría indicar una intención deliberada de ignorar las órdenes del tribunal. El Departamento de Justicia, por su parte, defendió las acciones del gobierno, argumentando que no violaron técnicamente la orden del juez.
El caso ha escalado hasta convertirse en un punto álgido en la relación entre el poder judicial y la administración Trump. Mientras el juez considera si declarar a algún funcionario en desacato, el gobierno ha mantenido su postura de que las deportaciones eran necesarias por razones de seguridad nacional.
