El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a generar controversia al defender su decreto que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en el país.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento no estaba destinada para que las personas que tienen vacaciones se conviertan en ciudadanos permanentes de Estados Unidos y traigan a sus familias con ellos”, afirmó el mandatario en un mensaje en Truth Social.
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Asimismo, Trump destacó que la Guerra Civil concluyó en 1865 y que el proyecto de ley fue presentado al Congreso poco tiempo después. “Esto no tenía nada que ver con la inmigración ilegal para personas que nos quieren estafar”, señaló.
El republicano indicó que actualmente hay personas entrando a EEUU “desde toda América del Sur y el resto del mundo”.
Criticó que, en su opinión, EEUU actúa como un “país estúpido” en su afán por ser “políticamente correcto”. Agregó que en el pasado, la migración “ni siquiera era un tema” de discusión.
Lo cierto, es que sus comentarios han desatado un intenso debate sobre la interpretación de la Constitución. También sobre el impacto de su política en la comunidad migrante.
El decreto, firmado por Trump al inicio de su segundo mandato, instruye a las agencias federales a negar la ciudadanía a los bebés nacidos en EEUU. En concreto, a aquellos cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales.
La medida terminó impugnada en múltiples tribunales, y jueces federales en varios estados han bloqueado su implementación, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para modificar la Constitución mediante una orden ejecutiva.
Ante estos desafíos legales, la administración Trump ha llevado el caso a la Corte Suprema. Esta ahora debe decidir si los jueces pueden bloquear la orden a nivel nacional.
Durante la audiencia en la Corte Suprema, los jueces han debatido sobre el alcance del poder presidencial y la legalidad del decreto. Mientras algunos magistrados conservadores parecen inclinarse a favor de la administración Trump, otros han cuestionado duramente la postura del gobierno, argumentando que la ciudadanía por nacimiento es un derecho fundamental que no puede ser eliminado sin una reforma constitucional.
La jueza Amy Coney Barrett, considerada un voto clave en el caso, ha presionado al abogado de Trump sobre la falta de claridad en los argumentos legales que respaldan la orden.
El fallo de la Corte Suprema será determinante para el futuro de la política migratoria en Estados Unidos. Si el tribunal permite la implementación del decreto, podría sentar un precedente que afecte a millones de personas. Sobre todo, porque redefiniría el concepto de ciudadanía en el país.
Por otro lado, si la Corte bloquea la orden, representaría un revés significativo para la administración Trump. Reforzaría la protección constitucional de los derechos de los nacidos en suelo estadounidense.
