En un fallo que ha generado alivio entre miles de migrantes, una jueza federal en Boston bloqueó temporalmente la decisión de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, de revocar el programa de “parole humanitario”.
De acuerdo con lo reseñado por Reuters, la jueza Indira Talwani, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) «hizo una interpretación incorrecta de la ley al intentar acortar el plazo de permanencia legal de los beneficiarios del parole», que protege actualmente a más de 450,000 personas de la deportación acelerada.
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Este beneficio migratorio, implementado durante el mandato de Joe Biden, permite a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresar legalmente a Estados Unidos bajo ciertas condiciones.
El programa de “parole humanitario” fue diseñado para ofrecer una alternativa segura y legal frente a los riesgos de cruzar la frontera sur.
Como se sabe, los beneficiarios debían contar con un patrocinador financiero, aprobar controles médicos y de antecedentes, y comprar su propio pasaje aéreo.
Desde su implementación en enero de 2023, más de medio millón de personas han accedido a este beneficio, estableciéndose principalmente en el sur de Florida.
En concreto, más de 531.000 personas accedieron al país a través de esta vía legal: 110.240 cubanos, 211.040 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.330 venezolanos.
La revocación del programa, prevista para el 24 de abril, habría dejado a estas personas sin estatus legal ni recursos para evitar la deportación.
Talwani destacó que la norma invocada por el DHS se aplica a personas que cruzaron ilegalmente la frontera, no a quienes ingresaron mediante un permiso de “parole”.
“Lo que están priorizando no son las personas que cruzan ilegalmente, sino a quienes siguieron las reglas”, dijo la magistrada.
En consecuencia, este fallo temporal permite que los beneficiarios mantengan sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación mientras se desarrolla el caso en los tribunales.
¿QUÉ ARGUMENTÓ LA ADMINISTRACIÓN TRUMP?
El Departamento de Seguridad Nacional argumentó en sus documentos judiciales que el programa ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” ni de “necesidad humanitaria urgente”.
Además, señalaron que el programa contribuía al colapso del sistema migratorio, señalando que al menos 75.000 beneficiarios del parole habían solicitado asilo, lo que, según su criterio, incrementaba los retrasos en los procedimientos.
Por otro lado, la administración de Trump sostuvo que el programa no había logrado reducir el flujo de migrantes irregulares en la frontera sur. En cambio, dijeron, que estaba generando presiones logísticas, especialmente en aeropuertos como los de Florida, donde aproximadamente el 80 % de los migrantes habían arribado.
El aviso publicado en el Registro Federal defendía la cancelación del programa como parte de una renovada estrategia de seguridad en la frontera. También como un intento de romper con el “círculo vicioso” de la inmigración irregular.
Además, cuestionaba el uso de las facultades ejecutivas para poner en marcha programas como el parole humanitario, tachándolos de un «abuso de poder».
