En agosto, las detenciones en la frontera entre EEUU y México experimentaron un ligero aumento, marcando el fin de una tendencia de cinco meses consecutivos de descensos.
Según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se registraron aproximadamente 58.000 detenciones, un incremento respecto a las 56.400 aprehensiones documentadas en julio.
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Este aumento, aunque leve, ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó que, a pesar del repunte, las cifras siguen siendo las más bajas desde septiembre de 2020.
Sin embargo, este incremento llega en un momento crítico para la administración de Joe Biden, quien enfrenta críticas tanto de defensores de derechos humanos como de sectores que abogan por una mayor aplicación de la ley.
Las autoridades atribuyen la reciente estabilización en el número de cruces ilegales a varias medidas implementadas por la administración Biden, incluyendo la limitación temporal del procesamiento de solicitudes de asilo cuando se alcanzan ciertos umbrales de detenciones diarias.
Esta política ha sido objeto de controversia, con defensores de derechos humanos argumentando que las restricciones van demasiado lejos. Mientras que otros consideran que las nuevas vías legales de entrada son demasiado generosas.
El aumento de arrestos en agosto se ha concentrado principalmente en áreas como San Diego, El Paso y Tucson, que han visto un flujo constante de migrantes provenientes de México, Guatemala y Honduras.
Las autoridades prevén que el flujo migratorio podría incrementarse durante los meses de otoño, cuando las temperaturas bajan, facilitando los cruces.
