El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó este jueves, 26 de junio, que Kilmar Ábrego García será juzgado por tráfico de personas antes de ser deportado nuevamente a un tercer país que no es El Salvador.
El ciudadano salvadoreño vivió más de una década en Maryland junto a su esposa e hijos estadounidenses. Enfrenta cargos federales en Tennessee tras haber sido deportado erróneamente a El Salvador en marzo. Pero, lo trajeron de vuelta a EEUU, porque se violó una orden judicial que lo protegía por amenazas creíbles de pandillas.
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El caso ha escalado rápidamente en notoriedad, no solo por la gravedad de los cargos —que incluyen el presunto transporte de personas indocumentadas, entre ellas menores— sino por las implicaciones legales y éticas de su deportación previa.
Ábrego fue detenido en 2022 por exceso de velocidad mientras transportaba a nueve personas sin equipaje. Esta situación, desató sospechas de contrabando humano.
Aunque se declaró inocente el pasado 13 de junio, el gobierno insiste en que no será liberado antes del juicio.
La defensa sostiene que los cargos son parte de una estrategia para justificar su expulsión supuestamente ilegal y desacreditar su lucha.
Sus abogados solicitaron que sea trasladado a Maryland. Allí su esposa mantiene una demanda contra la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, por la deportación de marzo.
Mientras tanto, la jueza federal Barbara Holmes autorizó su liberación bajo fianza, pero ha retrasado la ejecución de la orden por temor a una deportación inmediata por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Justicia dejó claro que, aunque se respetarán las órdenes judiciales, no hay un calendario definido para su deportación.
Lo que sí se sabe, es que no será enviado a El Salvador, sino a un tercer país todavía no revelado públicamente. “Este acusado ha sido imputado por crímenes horrendos. Se incluyen el tráfico de niños, y no volverá a quedar en libertad en nuestro país”, declaró el portavoz del DOJ, Chad Gilmartin, a la agencia informativa AP.
