La administración del presidente de EEUU, Donald Trump, anunció un controvertido plan para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a los migrantes que no cumplan con órdenes de deportación.
Según documentos oficiales, citados por Univisión y otros medios estadounidenses, esta medida se aplicará de manera retroactiva hasta por cinco años, lo que podría resultar en sanciones que superen el millón de dólares en algunos casos.
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Además, el gobierno está considerando confiscar propiedades de aquellos que no puedan pagar las multas, intensificando aún más las tensiones en torno a las políticas migratorias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha defendido la medida, argumentando que busca incentivar la «autodeportación» a través de una aplicación móvil llamada CBP Home.
Esta herramienta permite a los migrantes gestionar su salida del país de manera voluntaria y segura.
Sin embargo, críticos de la política, como organizaciones de derechos humanos, han señalado que estas multas no solo son desproporcionadas, sino que también perpetúan un clima de miedo y discriminación en las comunidades migrantes.
La implementación de esta medida se basa en una ley de 1996 que fue invocada por primera vez durante el primer mandato de Trump.
En aquel entonces, se utilizó para multar a migrantes que buscaban refugio en iglesias, aunque las sanciones fueron posteriormente reducidas. Ahora, el gobierno planea aplicar esta legislación de manera más amplia, afectando a aproximadamente 1.4 millones de personas con órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración.
En concreto, la norma, añadida a la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1996, establece que todo extranjero sujeto a una orden definitiva de expulsión “que deliberadamente no salga o se niegue a salir de Estados Unidos en cumplimiento de la orden” o “conspire o realice cualquier acción destinada a impedir o dificultar”, deberá pagar “una multa civil no superior a 500 dólares” por cada día.
