La Casa Blanca expresó su descontento con la jueza federal Indira Talwani, quien bloqueó la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de revocar el programa de ‘parole humanitario’.
En este sentido, la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, calificó a la jueza como “rebelde” y anunció que la administración apelará el fallo, argumentando que este obstaculiza los esfuerzos de deportación masiva.
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«Otra jueza distrital rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno», indicó la portavoz. «Lucharemos en contra en los tribunales», enfatizó la funcionaria.
Este programa, el ‘parole humanitario’ implementado durante la administración de Joe Biden, permite a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresar legalmente a Estados Unidos bajo ciertas condiciones.
El programa de ‘parole humanitario’ fue diseñado para ofrecer una vía legal a migrantes que enfrentan crisis en sus países de origen.
Los beneficiarios deben cumplir con requisitos como contar con un patrocinador financiero y aprobar controles médicos y de antecedentes. La decisión de revocar este programa, prevista para el 24 de abril, habría dejado a más de 530.000 personas sin estatus legal.
Sin embargo, la jueza Talwani dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento original del programa, que otorga un periodo de dos años.
Como era de esperarse, la administración Trump ha defendido su postura, argumentando que el programa de “parole humanitario” no cumple con los objetivos de seguridad nacional y que fomenta la migración irregular.
Por otro lado, grupos proinmigrantes han celebrado el fallo de la jueza Talwani, destacando que protege a quienes han seguido las reglas para ingresar legalmente al país.
Este caso ha intensificado el debate sobre las políticas migratorias y la separación de poderes en Estados Unidos.
El impacto de esta disputa legal va más allá de los beneficiarios del programa. La Casa Blanca ha señalado que continuará luchando en los tribunales para implementar sus políticas migratorias, mientras que los defensores de los derechos de los migrantes advierten que la revocación del programa podría causar un daño irreparable a miles de familias.
