Gobierno de Trump acudió a la Corte Suprema para eliminar el TPS a los venezolanos

Angel David Quintero
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El gobierno de Donald Trump solicitó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que elimine las protecciones legales temporales conocidas como TPS para aproximadamente 350.000 migrantes venezolanos, lo que los dejaría vulnerables a su deportación.

La Casa Blanca realizó la solicitud a pesar de un fallo previo de un juez federal que había bloqueado esa decisión.

El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia para anular la orden del juez de Distrito Edward Chen, quien había determinado que la eliminación del TPS “amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida”.

TRUMP Y EL TPS 

El TPS permite a ciudadanos de ciertos países permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando sus países de origen son considerados inseguros por conflictos armados o desastres naturales. El programa se otorga en períodos renovables de 18 meses y, hasta ahora, ha protegido también a haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y hondureños, entre otras nacionalidades.

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Pese al fallo del juez Chen, designado por el expresidente Barack Obama, el gobierno de Trump insiste que mantener el programa activo interfiere con la autoridad del Ejecutivo sobre inmigración y política exterior. Así lo indicó el procurador general John Sauer en su escrito a los magistrados. «La decisión judicial interfiere inaceptablemente con el poder del gobierno”.

Además, Sauer argumentó que el fin del TPS no representa una orden automática de deportación, y que muchos beneficiarios podrían explorar otras vías legales para permanecer en el país.

Recientemente un juez federal en Texas declaró ilegales los esfuerzos para deportar venezolanos basados en la ley de enemigos extranjeros, en un caso separado que no guarda relación directa con la disputa sobre el TPS.

Mientras tanto, la decisión final queda en manos del máximo tribunal del país, que deberá determinar si los venezolanos bajo este estatus mantendrán su protección o quedarán a merced de los procesos de deportación.

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