En una decisión histórica, la Corte Suprema de EEUU respaldó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, permitiendo la deportación sumaria de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Esta ley, utilizada en tiempos de guerra, autoriza la expulsión de individuos considerados una amenaza para la seguridad nacional. Tal y como es el caso de los miembros en EEUU del Tren de Aragua.
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Como se sabe, la medida ha generado un intenso debate sobre su aplicación en un contexto moderno y sus implicaciones para los derechos humanos.
La decisión se tomó en una ajustada votación de 5-4. Esta permite al gobierno de Trump deportar a cientos de venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
La decisión de la Corte Suprema de EEUU dejó sin efecto el bloqueo temporal que el pasado 15 de marzo el juez James Boasberg impuso al uso de esta normativa.
Aunque la ley fue diseñada para conflictos armados, su uso en este caso ha sido justificado por la administración como una herramienta para combatir el crimen organizado. Es decir, para proteger la seguridad nacional.
Sin embargo, críticos argumentan que la medida carece de precedentes y viola principios fundamentales de debido proceso.
En tanto, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas deportaciones en los migrantes venezolanos. Afimaron que muchos ‘inocentes’ fueron enviados a prisiones de alta seguridad en El Salvador.
De hecho, activistas han señalado que algunos deportados «no tienen vínculos con actividades criminales». También que incluso —de ser así— los acusados merecen audiencias judiciales antes de ser expulsados.
La Corte Suprema también estableció que los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar su deportación. Lo más importante, antes de ser expulsados del país.
Sin embargo, las impugnaciones judiciales deberán realizarse en Texas, lo que podría complicar el acceso a la justicia para muchos afectados.
En concreto, se señaló que los migrantes detenidos están confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se debe resolver ahí y no en un tribunal del Distrito de Columbia.
