En EEUU, las llamadas «ciudades santuario» han emergido como un símbolo de resistencia frente a las estrictas políticas migratorias impulsadas por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.
Estas jurisdicciones, que incluyen estados, ciudades y condados, limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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Entre las ciudades más destacadas se encuentran Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, mientras que estados como California, Nueva Jersey y Washington también adoptan políticas similares.
El concepto de «ciudad santuario» no es nuevo, pero ha ganado relevancia en el contexto de las deportaciones masivas promovidas por la administración Trump.
Estas políticas buscan proteger a los migrantes indocumentados al evitar que las autoridades locales compartan información migratoria con ICE o cumplan con solicitudes de detención sin una orden judicial.
Los defensores argumentan que estas medidas fomentan la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades locales, permitiendo que los residentes denuncien delitos sin temor a ser deportados.
Sin embargo, las ciudades santuario han enfrentado críticas y amenazas de la administración Trump, que las acusa de proteger a delincuentes y obstaculizar la aplicación de las leyes federales.
En respuesta, muchas de estas jurisdicciones han reforzado sus políticas, aprobando medidas como campañas educativas, monitoreo de operativos de ICE y apoyo legal para los migrantes.
Los Ángeles, por ejemplo, ha implementado iniciativas para informar a los migrantes sobre sus derechos y garantizar su acceso a recursos legales.
¿SON CIUDADES «REFUGIOS» PARA CRIMINALES?
Para sus autoridades, estas acusaciones de Trump no son ciertas.
“Para ser claros: una clasificación de ‘ciudad santuario’ no significa que nuestra ciudad será un refugio seguro para criminales violentos”, dijo, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, durante esa audiencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en marzo.
Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, defendió su estatus de “ciudad santuario”.
Dijo que la ciudad es más segura gracias a esta ordenanza, que asegura que la policía se concentre en las prioridades de aplicación de la ley, en lugar de las leyes de inmigración.
“En pocas palabras, cualquier acción que amplifique el miedo a las deportaciones hace que Chicago sea más peligrosa”, sostuvo Johnson.
