En una sesión legislativa cargada de tensión y controversia, el Senado y la Cámara de Representantes de Florida aprobaron este martes, 28 de enero, el proyecto de ley denominado «Acta Trump», una medida destinada a endurecer las políticas estatales contra la inmigración ilegal.
Esta ley, promovida por líderes republicanos, busca fortalecer la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las agencias federales de inmigración y aumentar las penas para migrantes indocumentados que cometan delitos. También anular el acceso a matrículas estatales con descuento para estudiantes indocumentados que asistieron a la secundaria en Florida.
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Lo cierto, es que el «Acta Trump» ha generado un intenso debate dentro del Partido Republicano en Florida.
Mientras que los líderes de la legislatura han enmarcado la ley como un respaldo a la agenda del presidente de EEUU, Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó su desacuerdo con la medida, calificándola de «débil y diluida».
DeSantis señaló que vetará el proyecto de ley, argumentando que se necesita una legislación más fuerte en materia de aplicación de la ley de inmigración.
“Debemos tener la ley más fuerte de la nación en materia de aplicación de la ley de inmigración. No podemos ser débiles”, declaró DeSantis en la red social X (antes Twitter), asegurando que vetará el proyecto de ley.
Uno de los aspectos más polémicos del «Acta Trump» es la eliminación del acceso a matrículas estatales con descuento para los estudiantes indocumentados que asistieron a la secundaria en Florida.
Esta política, vigente desde 2014, ha permitido que más de 6.500 estudiantes indocumentados accedan a la educación superior en el estado.
Los críticos de la medida, como el senador estatal demócrata de Orlando, Carlos Guillermo Smith, argumentan que esta derogación no contribuye a la lucha contra criminales violentos. Además, dijo que se siente mezquina y perjudicial.
La ley también contempla medidas más severas contra los migrantes indocumentados que cometan delitos en Florida. En caso de ser declarados culpables de un delito capital, como asesinato o violación de un menor, la pena de muerte será obligatoria.
Además, aquellos migrantes indocumentados que sean miembros de una pandilla y cometan delitos recibirán la pena máxima permitida por la ley. Estas disposiciones han sido criticadas por los demócratas, quienes consideran que algunas de ellas son «crueles».
