En EEUU, la educación pública es un derecho fundamental garantizado a todos los niños, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, recientes políticas y decisiones en algunos distritos escolares han generado preocupación entre los activistas.
De acuerdo a diversos medios, en concreto temen que estas medidas busquen excluir a los niños migrantes de las escuelas. Un ejemplo de esto es el distrito de Saugus en Massachusetts, donde se aprobó una política que exige prueba de residencia legal y establece penalidades civiles y criminales para los infractores.
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El presidente del comité en Saugus, Vincent Serino, dijo durante la reunión que la idea es solo “mejorar” las normas existentes sobre residencia y no negarle servicios a los migrantes.
Los críticos argumentan que estas políticas son un intento velado de negar la educación a los niños migrantes, lo cual va en contra de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Plyler v. Doe de 1982.
En este fallo, se determinó que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a recibir una educación pública gratuita.
A pesar de esto, algunos políticos conservadores en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee están cuestionando este derecho, lo que podría llevar a nuevas demandas legales.
La situación se complica aún más con la posibilidad de que figuras políticas como Donald Trump regresen al poder. Los activistas temen que bajo su liderazgo, las políticas restrictivas hacia los migrantes se intensifiquen, afectando directamente el acceso a la educación de miles de niños.
Este temor no es infundado, ya que, durante su administración anterior, se implementaron varias medidas que dificultaron la vida de los migrantes en el país.
Además de las implicaciones legales, estas políticas tienen un impacto significativo en las comunidades locales. La exclusión de niños migrantes de las escuelas no solo afecta su desarrollo educativo, sino que también crea un ambiente de discriminación y segregación.
En consecuencia, los defensores de los derechos de los migrantes argumentan que la educación es una herramienta crucial para la integración y el éxito futuro de estos niños, y que negarles este derecho es una violación de sus derechos humanos básicos.
