Como parte de su estrategia para reducir la basura electrónica y extender la vida útil de los dispositivos móviles, la Unión Europea obligará a partir de 2027 a los fabricantes de celulares que sus baterías vuelvan a ser extraíbles y reemplazables por el usuario.
El nuevo reglamento señala que ya no basta con permitir que la batería se pueda cambiar en un taller especializado. Ahora, el diseño de los smartphones deberá permitir que cualquier usuario pueda extraer y reemplazar la batería sin necesidad de herramientas especializadas, según informó el sitio especializado Xataka.
En este sentido, precisaron que los usuarios deben poder extraerla utilizando herramientas comercialmente disponibles, como destornilladores estándar, y sin recurrir a dispositivos protegidos por derechos de propiedad, energía térmica o disolventes. Si algún modelo requiere una herramienta específica, el fabricante estará obligado a incluirla de forma gratuita con el producto o el repuesto.
Por lo cual, las baterías pegadas a la placa base quedarán prohibidas. Hasta ahora, muchos fabricantes utilizan adhesivos fuertes que requieren calor o disolventes para retirar la batería, dificultando el proceso y limitando el «derecho a reparar» de los consumidores. Esta práctica quedará prohibida, obligando a las marcas a rediseñar el interior de sus teléfonos para facilitar el reemplazo.
LEA TAMBIÉN: POLÉMICA EN ESPAÑA: JUSTICIA DICE QUE NO ES DELITO LLAMAR «SECTA DESTRUCTIVA» A LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
Además, el software del dispositivo no podrá bloquear la nueva batería al detectarla, ni restringir funciones si detecta una batería de reemplazo que no haya sido validada por el fabricante.
Los fabricantes también tendrán que incluir instrucciones claras y accesibles para el reemplazo de la batería, no solo en el empaque, sino también en línea, para que cualquier usuario pueda consultar el proceso en cualquier momento.
Por otra parte, la Unión Europea obligará a que las baterías de repuesto estén disponibles durante al menos cinco años después de que se haya puesto a la venta la última unidad del modelo correspondiente. Además, el precio de estas baterías deberá ser «razonable y no discriminatorio», evitando que los fabricantes impongan costes elevados que desincentiven la reparación y empujen a los usuarios a comprar un teléfono nuevo.
De esta forma, esperan reducir residuos electrónicos, facilitar el reciclaje y prolongar la vida útil de los productos tecnológicos, dando mayor poder al consumidor.