La industria tecnológica en Estados Unidos vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que se filtraran los detalles de una demanda colectiva presentada en el Distrito Sur de California, en la cual se acusa a OpenAI de haber permitido que plataformas publicitarias de Meta y Google capturaran información sensible de quienes usaban ChatGPT.
El caso, Couture v. OpenAI Global, LLC, sostiene que el chatbot transmitió a terceros los títulos de las conversaciones, identificadores de usuario y correos electrónicos asociados a las cuentas de ChatGPT.
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De momento, son alegaciones iniciales, puesto que OpenAI no ha sido hallada culpable ni respondió todavía, pero el cuestionamiento apunta a un punto neurálgico del diseño de estas plataformas.
La demanda parte de una premisa incómoda. En concreto, que la mayoría de los usuarios asume que conversar con una IA es un acto privado, casi íntimo, comparable a escribir en un cuaderno personal.
Allí se confiesan divorcios, deudas, diagnósticos médicos o disputas familiares. Pero, según la acusación, ChatGPT no funcionó como un espacio cerrado, sino como un sitio web tradicional, equipado con la «plomería» estándar de la publicidad digital y de la mano con Meta Pixel, Google Analytics y rastreadores que operan en millones de páginas comerciales.
La demanda afirma, que una conversación íntima, fue procesada con la misma infraestructura que se usa para rastrear la compra de unas zapatillas.
El texto describe la mecánica: cuando un usuario hacía una consulta, el título automático que ChatGPT asignaba —por ejemplo, «Ganador del Super Bowl 2005»— se enviaba a Meta junto con cookies vinculadas a cuentas específicas de Facebook.
En el caso de Google, la acusación apunta a correos electrónicos hasheados capturados al iniciar sesión. Si esto es correcto, el contenido de la consulta dejaría de ser anónimo y se asociaría directamente a una identidad.
LA SANCIÓN ECONÓMICA
El reclamo jurídico invoca la ley federal de privacidad de comunicaciones electrónicas, dos secciones de la ley de privacidad de California y la Constitución estatal.
Por cada violación, se solicita daños que van de USD 5.000 a USD 10.000. Multiplicado por una clase potencial de millones de usuarios, el monto podría ascender a miles de millones.
Un dato llamativo es que ni Meta ni Google son demandados. El blanco es OpenAI, por haber integrado esas herramientas en su código. En palabras de la demanda, «el que construye la casa responde por la cañería que eligió».
NO ES EL ÚNICO CASO
El 31 de marzo, Perplexity enfrentó una acusación casi idéntica en el Distrito Norte de California por rastreadores ocultos que enviaban conversaciones a plataformas publicitarias.
Es decir, la industria de la IA conversacional vendió un producto nuevo —un asistente privado, un confidente digital— montado sobre la infraestructura vieja de la web comercial, cuya lógica es convertir comportamiento en perfil y el mismo en publicidad.