Un grupo de venezolanos en Argentina acudió esta semana a un tribunal de Buenos Aires para insistir a la justicia que se investigue a Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por lo que solicitaron que no se cierre la causa.
Sebastián Ramos, juez federal en Comodoro Py, dispuso el archivo de tales actuaciones. Luego, ordenó que se remitiera el expediente que incluye el testimonio de víctimas a la Corte Penal Internacional (CPI). Allí, ya hay una causa contra el gobierno chavista.
No obstante, los venezolanos apelaron y luego de hacerse con el rol de querellantes, intentan que la Cámara Federal de la localidad revoque dicha decisión de Ramos. Posteriormente, el caso pasó a consideración de los jueces de la Sala I del tribunal de Comodoro Py, dijeron fuentes a Infobae.
LA INVESTIGACIÓN
Cabe recordar que en julio de 2023, el fiscal federal Carlos Stornelli promovió una investigación en Argentina. Con ella busca confirmar si efectivamente se violaron derechos humanos en Venezuela. Todo ello, tras una denuncia que la Fundación de George Clooney presentó en los tribunales de la localidad.
Una de las medidas solicitadas por el fiscal es la de petición de informes a jueces y fiscales de ese país. También al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal», rezaba la denuncia.
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Asimismo, ella contenía evidencias sobre la responsabilidad penal de los cuerpos de seguridad de Venezuela en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra opositores.
Todo ello se lleva a cabo en el marco de Jurisdicción Universal. Este se puede definir como un principio jurídico que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente algunos crímenes, sin importar el lugar donde se hayan cometido. La nacionalidad del autor o de las víctimas también es irrelevante en ello.