Venezolanos que hacen vida en Argentina acudieron a tribunales de ese país para testificar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de seguridad al servicios del Gobierno de Nicolás Maduro, dado el retardo en la Corte Penal Internacional (CPI) para actuar.
Los relatos concluyeron el viernes tras dos días. En ellos, familiares de fallecidos a manos de los cuerpos de seguridad en las protestas de 2014 describieron lo vivido. Tal proceso forma parte de una investigación sobre aquellos hechos de hace una década.
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Es de recordar que a inicios de 2024, fiscales argentinos reactivaron una denuncia penal que la Fundación Clooney presentó en 2023. Abogados de esa instancia catalogaron las maniobras del chavismo como un «plan sistemático» para aplastar la disidencia.
Dichos fiscales alegaron que los crímenes que altos mandos de la GNB cometieron son de «extrema gravedad» y requerían una investigación inmediata.
En vista de esta situación, varias personas viajaron desde Venezuela a Argentina para la primera audiencia previa al juicio. que inicio el jueves.
«Los que testifican son personas que han buscado justicia en Venezuela durante mucho tiempo. Han llegado al final de lo que pueden hacer», expresó Yasmine Chubin, directora de defensa legal de la Fundación Clooney. Esta organización sin fines de lucro la fundaron George y Amal Clooney, con el propósito de dar apoyo gratuito a quienes se les han irrespetado sus derechos humanos. «Siguen luchando para que los responsables rindan cuentas, y eso nos llevó a presentar este caso», acotó Chubin.
¿QUÉ ESPERAN LOS FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE ESTO?
De acuerdo a AP, se desconoce cuánto tiempo podría llevar el proceso. No obstante, abogados reconocen sentirse alentados por la inmediatez con la que Argentina dio inicio a la investigación. Esto solo un mes después que la fundación presentara la denuncia.
Aunque es poco probable que se materialicen arrestos antes de las elecciones en Venezuela, todo riesgo de una disputa complicada podría ensombrecer las votaciones.
«Dependiendo de la situación con la jurisdicción universal, es posible que se busquen resultados simbólicos. Ese no es nuestro caso. Estamos muy decididos a llevar las cosas hasta el final y lograr resultados concretos», manifestó Ignacio Jovtis, gerente senior de programas de la Fundación Clooney.
En consecuencia, dice Jovtis, los demandantes esperan que se extraditen a altos funcionarios de seguridad para que los juzguen en Buenos Aires.
La Fundación Clooney se negó a nombrar públicamente a los acusados. Tampoco dio a conocer los nombres de quienes testificaron, por miedo a represalias.
