El gobierno de Uruguay informó que se va a adherir a la denuncia interpuesta por varios países en 2018 en la que piden a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Inicialmente, la denuncia la interpusieron los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Desde entonces, la CPI ha llevado a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad. No obstante, hasta ahora no ha emitido juicio sobre la asignación de responsabilidades.
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Ahora, el gobierno de Luis Lacalle Pou tomó esta decisión por una recomendación que el senador Javier García planteó en la Comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta el pasado 14 de agosto, según medios de Uruguay.
García propuso un documento base, dirigido al fiscal Karim Khan, que consignaba las «nuevas circunstancias sobre la situación en Venezuela». Esto quiere decir, que no solo se adhiere a la investigación en curso, sino que solicitaría indagar sobre los hechos ocurridos desde las elecciones, según recogió El País.
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La propuesta estaría basada en los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que han expuesto nuevos hechos irregulares. El texto incluiría también reportes de asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones políticos ocurridas desde 2020 a la fecha.
«Hay práctica serial de ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas», dijo este senador del Partido Nacional en su cuenta de X (Twitter) luego de elevar su propuesta.
Mientras tanto, el canciller de Uruguay Omar Paganini declaró que «el eje de la comparecencia estuvo en la preocupación que tenemos todos por violación continua a los derechos humanos en Venezuela, con la situación de detenidos, desaparecidos, torturas y asesinatos”.
