Trinidad y Tobago deportó a más de 100 migrantes venezolanos durante este fin de semana, a pesar de la advertencia de activistas y organizaciones protectoras de los Derechos Humanos (DDHH), que pedían a las autoridades de la isla su liberación pero sin expulsarlos de su territorio.
La operación inició en el helipuerto de Staubles Bay en la ciudad de Chaguaramas. Un primer grupo de migrantes fue expulsado este sábado 12 de agosto y continuó este domingo 13 con otro contingente de personas que entraron de forma irregular a Trinidad y Tobago. Los connacionales fueron enviados a Venezuela a bordo del buque Pasaje Galeones.
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El grupo formaba parte de los casi 200 migrantes venezolanos detenidos mientras asistían a una fiesta de cumpleaños. La misma se dio en un bar del distrito de Saint James, el 9 de julio.
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El 4 de julio de 2023, se presentó un caso ante el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago por un refugiado reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El este judicial determinó que la Convención de Refugiados de 1951 no se aplica al Estado de las islas gemelas. En ella se establece el estatus de refugiados para garantizar el asilo y las responsabilidades de las naciones con los migrantes que lo soliciten.
También, asegura el principio de no devolución y el permiso de viajes sin visado para quienes portan documentos de identificación de países donde sus vidas corren riesgos.
No obstante, las autoridades trinitenses hicieron caso omiso de estas advertencias y terminaron por concretar la deportación.
ACCIONES JUDICIALES EN DEFENSA DE LOS MIGRANTES
Esta expulsión se concretó tras una semana de acciones judiciales por parte de los abogados que representan a los migrantes. Estos solicitaron su puesta en libertad desafiando al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds.
En un video grabado por una persona que se encontraba en el interior de las instalaciones designadas como centros de detención, mostraba a los migrantes separados de los funcionarios que estaban sentados en escritorios en una zona acordonada por una valla interior.
El jueves 10 de agosto, un juez ordenó la puesta en libertad inmediata de 64 de los 200 venezolanos detenidos el 9 de julio. Asimismo, les concedió temporalmente un indulto al impedir su deportación inmediata.
Solo 30 de ellos fueron puestos en libertad antes de que se ordenara a los funcionarios de inmigración que dejaran de liberar a más inmigrantes. Esto ocurrió después de que los abogados del ministro apelarán la decisión, según reseñó la agencia EFE.
La carta del 11 de agosto decía que algunos migrantes quedaron en libertad condicional. Estos, bajo órdenes de supervisión, dejaron atrás a familiares que permanecieron en el helipuerto.
