El Gobierno de Javier Milei continúa en sus reformas y esta vez ha decidido prohibir el lenguaje inclusivo dentro de la administración pública de Argentina por su uso como «negocio político», un movimiento que recientemente había tomado el Ministerio de Defensa.
«Se van a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo«, dijo en rueda de prensa Manuel Ardoni, portavoz presidencial. También aclaró que se vetará «todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional».
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En sus palabras desde la Casa Rosada, ambos aspectos se han «utilizado como negocio de la política«.
Ardoni indicó que una vez el decreto entre en vigencia, ningún documento de la administración pública podrá usar la «e», «x» o «@» a manera de expresión de la indeterminación de género. En tal sentido, tampoco se empleará la «innecesaria inclusión del femenino en los sujetos plurales».
«El lenguaje que contempla a todos los sectores es el español. Es un debate en el que nosotros (Gobierno) no vamos a participar. Consideramos que las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política. Esta decisión ya la había tomado el Ministerio de Defensa. Es simplemente extenderla al resto de las dependencias», puntualizó.
#27Feb #Argentina
El vocero presidencial anunció que «por decisión de Javier Milei, no se va a poder utilizar la letra E, el arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos» oficiales.
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— Reporte Ya (@ReporteYa) February 27, 2024
MINISTERIO DE DEFENSA, PRIMERO EN ADOPTAR LA MEDIDA
Cabe mencionar que bajo la resolución 160/2024, el Ministerio de Defensa fue el primer poder en prohibir el lenguaje inclusivo. En consecuencia, el ministro Luis Petri ordenó la obligatoriedad del idioma castellano en base a las normas de la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas de Argentina.
«El objetivo es eliminar formas incorrectas del lenguaje que pueden generar una interpretación errónea de lo que se desee disponer, afectando la ejecución de órdenes y el desarrollo de las operaciones militares», precisó la cartera de defensa el lunes 26 de febrero.
