Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un llamado este viernes al Gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con el derecho internacional, con el fin de evitar «daños irreparables» en las víctimas de desaparición forzada en Venezuela.
El panel instó al Estado a determinar la suerte y paradero de estas personas bajo el contexto de elecciones presidenciales de julio pasado, así como antes y después de la investidura del 10 de enero.
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«Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación», señalaron.
En ese sentido, resaltaron en un comunicado que han recibido denuncias reiteradas de familiares, representación legal y organizaciones de la sociedad civil. Estas buscan conocer la suerte y paradero de sus allegados y clientes. Al mismo tiempo, alertaron que no se procesan sus denuncias y recursos de habeas corpus. Incluso, en ocasiones, ni siquiera se los aceptan.
«El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva», afirmaron los expertos.
DESAPARICIONES FORZADAS DE CORTA DURACIÓN
En ese sentido, manifestaron que denuncias previas presentadas al Gobierno de Maduro, describen el uso sistemático de «desapariciones forzadas de corta duración». Tales hechos ocurrieron desde el proceso preelectoral y todavía estarían sucediendo.
«Las autoridades que detienen a personas y se niegan a reconocer que están bajo su custodia, las colocan fuera de protección de la ley. Estos actos constituyen desapariciones forzadas independientemente de la duración de la detención o el ocultamiento», apuntaron los expertos.
Por esa razón, instaron al chavismo a cumplir con las medidas cautelares que la CIDH ha otorgado. También a responder a solicitudes del Grupo de Trabajo de ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de acuerdo con su mandato.
«A las personas privadas de libertad se les debe garantizar el pleno disfrute de todas las salvaguardias legales fundamentales, incluido el derecho a comunicarse y recibir visitas de sus familiares, abogados o cualquier otra persona de su elección, y a ser presentadas ante una autoridad judicial competente dentro del plazo legal para determinar la legalidad de su detención», dijeron los expertos. «Si la persona privada de libertad es extranjera, tiene derecho a comunicarse con sus autoridades consulares», agregaron.
