Organismos de seguridad en El Salvador detuvieron el domingo a la abogada y activista Ruth Eleonora López, directora de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización de derechos humanos Cristosal, quien era reconocida por defender a los 252 venezolanos acusados de terrorismo y detenidos sin juicio en el país centroamericano.
“Se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro bajo el cargo de peculado”, confirmó la Fiscalía a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Estos hechos habrían ocurrido hace más de una década cuando trabajaba en el tribunal electoral.
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#Captura | Este día, se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado.
Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su… pic.twitter.com/0w83JMGR3u
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 19, 2025
Sin embargo, su organización y familiares denunciaron que se desconoce su paradero. “Hasta este momento, ni su familia ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que se encuentra recluida”, advirtió Cristosal en un comunicado, según reseñó El Nuevo Herald.
URGENTE
DENUNCIA INTERNACIONAL
Denunciamos la detención de nuestra jefa de Anticorrupción y Justicia, Ruth López. #AlertaDerechosHumanos pic.twitter.com/sHhTKjwCFz
— Cristosal (@Cristosal) May 19, 2025
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En los últimos días, el presidente Nayib Bukele ha incrementado la presión contra organizaciones críticas al gobierno. Cristosal se ha convertido en una piedra en el zapato para el mandatario, debido a que han apoyado a las familias de detenidos durante el régimen de excepción vigente desde 2022, así como por su asistencia legal a las familias de los 252 migrantes venezolanos encarcelados en una prisión de máxima seguridad tras ser deportados desde Estados Unidos.
La organización denunció que los venezolanos presos han sufrido condiciones inhumanas. Apenas dos días antes de la captura de López, los abogados de los migrantes acusaron al Estado salvadoreño de ejercer “torturas físicas” y “morales” contra sus representados.
Según datos recopilados por Cristosal a través de una aplicación que facilita el contacto con las familias de los reclusos, el 78 % de los venezolanos migró en busca de “mejores oportunidades económicas”, un 35 % para huir de la violencia y un 9 % por persecución política.
La organización no gubernamental también expresó una “profunda preocupación por el creciente riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos” en El Salvador y denunció un proceso de “debilitamiento institucional y represión”.
PERSECUCIÓN A OPOSITORES EN EL SALVADOR
En las últimas semanas han detenido a otros líderes sociales, entre ellos el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez, quienes participaban en protestas de comunidades campesinas. En febrero, detuvieron al activista Fidel Zavala, acusado de integrar agrupaciones ilícitas.
El pasado 28 de abril, agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron a la sede de Cristosal durante una conferencia de prensa. Allí grabaron las instalaciones y fotografiaron los vehículos del personal y periodistas presentes. La ONG denunció que este acto “se inscribe en el actual contexto de autoritarismo y cierre de espacios democráticos en El Salvador”.
Nueve organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, emitieron la semana pasada una declaración conjunta. En la misma advierten que el gobierno de Bukele ha adoptado “un patrón autoritario frente al descontento social”.
