«Crimen por encargo»: Las nuevas revelaciones del abogado de la familia de Ronald Ojeda

Caraota Digital
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Foto: La Cuarta

Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, el militar venezolano que fue secuestrado y asesinado en febrero de 2024 en Santiago de Chile, aseguró este lunes que se trató de un crimen por «encargo».

El abogado habló con el medio chileno El Diario de Cooperativa respecto al caso Ojeda. Manríquez recordó que «hay seis meses más de investigación» sobre la hipótesis de que alguien ordenó el asesinato del militar.

«De lo que estoy convencido es que hay un crimen por encargo. Ahora, por qué y quién, y quién lo pagó y dónde es un asunto que todavía no se encuentra, a mi modo de ver, suficientemente asentado en la causa», indicó.

Manríquez indicó que la Fiscalía debe «profundizar» en esta teoría. «Tenemos incriminaciones de personas, hechas por terceros, que técnicamente son testigos de oídas de otros, que aparecen múltiples y concordantes entre ellas», agregó.

«TODO ESTÁ CLARO»

El abogado sostuvo que las investigaciones han dejado claro cómo ocurrió el asesinato de Ojeda. Sin embargo, consideró que se debe avanzar en las investigaciones para conocer si hubo «conocimiento de las autoridades chilenas».

«Todo lo que dice relación con la planificación, la ejecución, los intervinientes en todas y cada una de las etapas, el resultado de este plan criminal están claros, y hay que avanzar en las líneas como si hubo penetración de agentes estatales en Chile», dijo Manríquez.

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Ojeda fue preso político en Venezuela y, desde el exilio, criticó en repetidas ocasiones al gobierno de Maduro. Foto: cortesía

Por su parte, la abogada venezolana Guarequena Gutiérrez afirmó que en Chile hay «crimen organizado trasnacional». «Es el caso del Tren de Aragua y estos grupos obedecen sobre todo a los rangos altos de las Fuerzas Armadas venezolanas», añadió.

Las autoridades capturaron a decenas de miembros del Tren de Aragua por el asesinato de Ojeda. Sin embargo, los fiscales sospechan que el crimen fue ordenado por parte de funcionarios del gobierno de Maduro y tendría un móvil político.

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