La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las inhabilitaciones políticas en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales.
«Dichas acciones son propias de regímenes autoritarios. En este sentido, exhorta al Estado a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política de todos los sectores», indicó.
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La entidad de derechos humanos hizo énfasis en rechazar la decisión tomada por el TSJ el pasado 26 de enero que decidió «mantener la prohibición de ocupar cargos de elección popular a Henrique Capriles y María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias de la oposición».
«Estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público. Dicho patrón comprende detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas, proyectos legislativos que restringen el funcionamiento de las asociaciones civiles, declaraciones estigmatizantes por parte de altas autoridades del Estado y actos intimidatorios», advirtió en un comunicado.
La CIDH consideró que al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que este ha jugado un rol significativo en la «represión de opositores al gobierno».
«Adicionalmente, se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024», asentaron.
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Asimismo, resaltaron algunas presuntas irregularidades en el TSJ venezolano.
«La CIDH reitera que, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado, ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución», acotó.
Además, señaló que solo un juez puede imponer este tipo de condenas en el marco de un proceso penal. «En un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad».
Por último, instó a cesar cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público. «La CIDH llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos. Solo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas».
