Los gobiernos de Argentina e Italia emitieron este lunes una declaración conjunta en la que condenaron las «violaciones a los derechos humanos» en Venezuela.
«Argentina e Italia expresan profunda preocupación por la situación en Venezuela y reafirman su solidaridad con los millones de venezolanos que siguen demandando un futuro más democrático, próspero y seguro», indicaron.
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Ambos gobiernos ratificaron su desconocimiento a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«El resultado anunciado por el CNE carece de credibilidad y legitimidad democrática, según resulta en los informes del Panel de Expertos de Naciones Unidas y de expertos internacionales independientes, así como en los datos publicados por la oposición. Más de dos meses después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de los repetidos llamados de la comunidad internacional y del pueblo venezolano para garantizar la transparencia electoral, las autoridades competentes no han publicado aún resultados detallados que puedan ser verificados en forma independiente», señalaron.
Asimismo, urgieron que se realice un diálogo inclusivo y constructivo que permita una «transición pacífica y el restablecimiento de las instituciones democráticas, de acuerdo con la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio».
«Argentina e Italia seguirán trabajando juntas para mantener la atención sobre Venezuela y apoyar los esfuerzos de los socios regionales para facilitar una solución pacífica y duradera de la crisis», expresaron.
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De igual forma, Argentina e Italia condenan «la represión continua y las violaciones de derechos humanos y demandan la liberación de los detenidos arbitrariamente así como el respeto de un juicio justo».
Además, lamentan el clima de acoso a la oposición, culminado con una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, «el candidato que ha resultado ganador de las elecciones según datos verificables publicados por la oposición, y que se vio obligado a abandonar el país».
Los gobiernos reiteraron la necesidad de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos regrese inmediatamente a Caracas.
«Llamamos a Venezuela para que respete y cumpla con sus compromisos de Derecho Internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, permitiendo a los seis solicitantes de asilo – que residen actualmente en la residencia de la República Argentina en Caracas – abandonar el territorio venezolano», sostuvieron.
