La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó formalmente este viernes, 26 de septiembre, a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su controvertida orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía automática por derecho de nacimiento.
De acuerdo con lo reseñado por NBC News, esta medida, que desafía más de un siglo de interpretación legal basada en la 14ª Enmienda, busca redefinir quién puede ser considerado ciudadano estadounidense al nacer.
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El gobierno de Trump argumentó que esta garantía no debería aplicarse a hijos de visitantes temporales ni a personas que ingresaron ilegalmente al país.
Las apelaciones presentadas provienen de casos en los estados de Washington y New Hampshire, y podrían sentar un precedente definitivo sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento.
A diferencia de litigios anteriores que se centraban en aspectos técnicos del proceso judicial, estas nuevas apelaciones abordan directamente el fondo constitucional de la política.
El procurador general D. John Sauer calificó la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda como una “visión errónea” que ha tenido “consecuencias destructivas”.
CIUDADANÍA POR NACIMIENTO EN EEUU
Históricamente, la ciudadanía por nacimiento ha sido considerada un derecho fundamental en Estados Unidos, con excepciones limitadas como los hijos de diplomáticos.
La administración Trump, sin embargo, sostiene que esta protección no debe extenderse a quienes no tienen residencia legal permanente.
Esta postura ha generado una fuerte reacción de organizaciones defensoras de los derechos civiles. Estas consideran la propuesta como un ataque directo a los principios fundacionales del país
¿CUÁNTO TARDARÁ EL PROCESO?
Las apelaciones no fueron presentadas como solicitudes de emergencia. Esto significa que el proceso podría extenderse durante varios meses. Sauer sugirió que los casos sean considerados durante el próximo período judicial. El mismo comenzará en octubre y concluye en junio del año siguiente.
Hasta el momento, los casos no fueron registrados oficialmente en el tribunal. Sin embargo, el mencionado medio de comunicación obtuvo los documentos a través de la Oficina del Fiscal General del estado de Washington y de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes en New Hampshire.
Lo cierto, es que la decisión final de la Corte Suprema podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre inmigración y derechos constitucionales en el país.
