El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ha iniciado la revisión de los registros de más de 55 millones de personas extranjeras que poseen visas vigentes.
Esta acción forma parte de una política de “vigilancia continua” implementada por la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, desde su regreso al poder en enero de este año. El objetivo: detectar posibles violaciones migratorias que puedan derivar en la revocación de los documentos y la deportación de los titulares.
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“Analizamos toda la información disponible en nuestros procesos de investigación, incluyendo datos de autoridades policiales, antecedentes migratorios o cualquier información relevante que surja tras la emisión de la visa”, declaró el Departamento de Estado en la misiva reproducida por la agencia.
En concreto, se señaló que todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una “investigación continua” con el fin de detectar cualquier indicio de que podrían no ser aptos para obtener el documento.
Si se detectan esos indicios, se revocarán estas visas y, en caso de que el titular se encuentre en Estados Unidos, será deportado, se enfatizó.
Las autoridades han señalado que el proceso incluye el análisis de toda la información disponible, desde antecedentes policiales y migratorios hasta datos que surjan después de la emisión del visado.
Entre los criterios de revisión se encuentran la permanencia excesiva en el país, la comisión de delitos, amenazas a la seguridad pública, y cualquier vínculo con actividades terroristas o apoyo a organizaciones señaladas por terrorismo. Incluso infracciones menores, como conducir bajo los efectos del alcohol, podrían desencadenar la cancelación del visado.
Este endurecimiento migratorio ha tenido consecuencias inmediatas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. En este sentido, el Departamento de Estado precisó a que: “Como parte del compromiso de la administración Trump de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, desde el día de la investidura se han revocado más del doble de visas —y casi cuatro veces más visas estudiantiles— que en el mismo periodo del año anterior”.
Este proceso también incluye la realización de entrevistas presenciales a todos los solicitantes, junto con una revisión exhaustiva de sus cuentas en redes sociales y antecedentes policiales.
