El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió apelar la orden judicial que había revertido los recortes de más de 2.600 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, prolongando así un enfrentamiento político y legal con una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.
De acuerdo con medios como The New York Times, la administración Trump presentó formalmente un aviso de apelación contra la sentencia emitida en septiembre por la jueza federal Allison Burroughs, quien había determinado que los recortes aplicados por el gobierno violaban los derechos constitucionales de Harvard.
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La decisión judicial había restituido los fondos, argumentando que la medida del Ejecutivo infringía la Primera Enmienda y limitaba la autonomía académica de la universidad.
El conflicto se enmarca en la campaña deTrump contra las universidades de élite, a las que acusa de promover ideologías de izquierda radical y de tolerar expresiones de antisemitismo.
Según la Casa Blanca, Harvard debía someterse a una mayor supervisión en su plan de estudios. Igualmente, en la admisión de estudiantes y contratación de personal, bajo el argumento de garantizar “diversidad de opiniones” en el ámbito académico.
Los recortes, que afectaban miles de millones de dólares en financiamiento, habían puesto en riesgo investigaciones científicas de alto impacto. También proyectos de innovación tecnológica, según la universidad.
Por tanto, la restitución ordenada por la jueza Burroughs fue celebrada por la comunidad académica. En especial, por la Asociación de Profesores Universitarios. Consideraron la medida del gobierno como un ataque directo a la libertad de cátedra e independencia institucional.
REACCIONES TRAS APELACIÓN
Todd Wolfson, presidente de la asociación de profesores, sostuvo que la apelación representa «solo una continuación de su campaña descarada para detener el financiamiento crítico de la investigación. Esto en un intento de disuadir a las universidades y al profesorado de participar en cualquier discurso, enseñanza e investigación que Donald Trump desapruebe».
De momento, la Casa Blanca no ha ofrecido declaraciones respecto a la apelación. Pero como se sabe, en el marco de su estrategia política, Trump mantuvo a Harvard como blanco principal de su ofensiva para supeditar los fondos federales a cambios que, según su administración, buscan limitar la expansión de la llamada “ideología woke” en los campus universitarios.
Mientras Harvard ha decidido sostener una batalla legal de largo aliento, otras universidades como Columbia, Brown y Cornell han preferido llegar a acuerdos con el gobierno federal.
Las conversaciones entre Harvard y el gobierno estadounidense se mantuvieron activas en medio de la batalla judicial.
En septiembre, Trump afirmó que se encontraba próximo un acuerdo. Tras el mismo, la universidad destinaría 500 millones de dólares para levantar una “gran escuela de oficios” orientada a capacitar trabajadores para las fábricas del país.
Sin embargo, ese compromiso nunca llegó a materializarse y, desde entonces, no se han dado a conocer nuevos avances ni anuncios oficiales.
