Una jueza federal en Massachusetts emitió un fallo, el cual exige al gobierno devolver el estatus legal a más 900.000 migrantes que ingresaron a EEUU por medio de la app móvil CBP One, ahora llamada CBP Home.
De acuerdo con Telemundo y otros medios, Allison Burroughs, magistrada del Tribunal de Distrito, declaró ilegal la decisión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar el estatus legal a estos migrantes que ingresaron o regularizaron su situación mediante la aplicación móvil CBP One, creada durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
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El fallo responde a la decisión tomada en abril del año pasado, cuando el gobierno envió un correo electrónico a los beneficiarios indicándoles: «Es hora de que abandonen los Estados Unidos».
En su resolución, Burroughs sostuvo que la revocación masiva de la libertad condicional migratoria violó la ley federal y los propios reglamentos del gobierno.
Subrayó que las agencias no pueden actuar sin límites legales y «las regulaciones no otorgan discreción ilimitada para revocar la libertad condicional».
Según la jueza, la administración actuó fuera del marco jurídico al retirar beneficios sin respetar los procedimientos establecidos.
«Cuando los demandados pusieron fin a la libertad condicional de los extranjeros afectados sin respetar el procedimiento establecido por la ley y por sus propios reglamentos, tomaron medidas que ‘no se ajustaban a la ley’», enfatizó la jueza.
Asimismo, el fallo también refuerza, según expertos legales citados por medios estadounidenses, la obligación del gobierno de evaluar cada caso de manera individual antes de retirar un beneficio migratorio.
¿PARA QUÉ SERVÍA LA APP CBP ONE?
La aplicación CBP One había sido diseñada para ordenar el flujo en la frontera sur. En concreto, permitió a los solicitantes agendar citas para pedir asilo y, en algunos casos, obtener permisos temporales de permanencia por hasta dos años.
Sin embargo, para la administración Trump este mecanismo representaba un uso indebido de la autoridad ejecutiva.
Tras asumir el cargo, Trump cerró la aplicación en su primer mes de gobierno y avanzó con la cancelación del estatus de sus beneficiarios. Argumentó que el programa otorgaba permisos de manera generalizada.
La decisión judicial ahora pone un freno a esa política y obliga al Ejecutivo a restituir la situación legal de los migrantes afectados, quienes durante meses vivieron en un clima de incertidumbre y temor ante una posible expulsión inmediata.
ALIVIO PARA LOS VENEZOLANOS Y OTROS MIGRANTES
Como era de esperarse, organizaciones que impulsaron la demanda celebraron la decisión judicial. Incluso, la Asociación Venezolana de Massachusetts afirmó que el fallo «brinda un alivio largamente esperado tras meses de miedo e incertidumbre».
Por su parte, Democracy Forward, que participó en el litigio, calificó la resolución como un freno a políticas arbitrarias.
Su presidenta, Skye Perryman, fue contundente: «El fallo de hoy supone un claro rechazo a una administración que ha intentado borrar la situación legal de cientos de miles de personas con solo pulsar un botón».
Añadió que los migrantes «cumplieron con la ley». Y que el intento de retirarles el estatus «de la noche a la mañana fue ilegal y cruel».
