La defensa de Nicolás Maduro notificó que este “ejercerá su derecho constitucional” a guardar silencio y no testificará en el proceso penal federal que se sigue en Florida contra el excongresista republicano David Rivera.
En una comunicación fechada el 12 de febrero de 2026, el abogado Barry J. Pollack informó que Maduro invocará la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a cualquier persona de declarar en su contra, y que, por tanto, “declina respetuosamente testificar” en el caso.
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El escrito fue dirigido a los abogados de Rivera, quienes el 5 de febrero solicitaron un auto de habeas corpus ad testificandum, un mecanismo que permite trasladar a un detenido para que rinda testimonio.
La defensa de Maduro pidió que esa moción sea retirada y, en caso de que no ocurra, que se notifique al tribunal que el acusado se opone formalmente a cualquier intento de obligarlo a declarar.
Pollack también reiteró en el documento que el gobierno estadounidense trasladó a Maduro “por la fuerza” al Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos federales y se ha declarado no culpable.
Esa afirmación forma parte de la narrativa jurídica que su equipo ha sostenido desde su captura, alegando que su detención y traslado violaron principios de soberanía y que, por tanto, el proceso en su contra estaría viciado.
Sin embargo, los tribunales estadounidenses han continuado con el caso sin acoger esos argumentos.
AGENTE DE VENEZUELA
El trasfondo de esta disputa se conecta con el proceso penal contra David Rivera, excongresista republicano de Florida, acusado en una causa federal por presuntas gestiones de lobby no registradas como agente extranjero y por delitos financieros.
Según la acusación y reportes judiciales citados por Reuters, Rivera habría participado en un esquema para influir en la política estadounidense a favor de Nicolás Maduro sin cumplir con los requisitos legales de registro bajo la Ley de Agentes Extranjeros (FARA).
Entre los otros cargos destacan «conspirar en contra de Estados Unidos» y participación en actividades financieras ilegales, incluyendo lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación de la fiscalía estadounidense, Rivera participó en una conspiración para hacer lobby a favor del gobierno de Maduro, no solamente para mejorar las relaciones bilaterales, sino también para solucionar una disputa entre Caracas y una petrolera estadounidense. También para poner fin a las sanciones económicas de Washington.
