La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta su primer desafío judicial por los ataques con misiles ejecutados contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, luego de que familiares de dos hombres trinitarios presentaran una demanda por homicidio culposo en una corte federal de Boston.
De acuerdo con lo señalado por la agencia de noticias Reuters, los demandantes alegan que Chad Joseph y Rishi Samaroo fueron víctimas de la campaña militar dirigida contra barcos acusados de servir al nacotráfico internacional que navegaban cerca de las costas venezolanas.
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Lo que se aseveró, es que ambos murieron el 14 de octubre durante uno de los 36 ataques autorizados desde septiembre, operaciones que han dejado al menos 125 fallecidos.
Según la demanda, Joseph, de 26 años, y Samaroo, de 41, trabajaban como pescadores y jornaleros en Venezuela. Señalaron que regresaban a su comunidad en Las Cuevas, Trinidad, cuando su embarcación fue alcanzada por misiles estadounidenses.
Sus familiares sostienen que los hombres no tenían vínculos con el narcotráfico. Afirmaron que supuestamente fueron atacados sin advertencia ni evidencia que justificara el uso de fuerza letal.
Se indicó que la acción legal fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). También por el Centro de Derechos Constitucionales, que calificaron los hechos como asesinatos injustificables.
Los abogados fundamentan la demanda en dos instrumentos jurídicos. El primero, la Ley de Muerte en Alta Mar, que permite reclamar por muertes ocurridas fuera de aguas territoriales, y segundo el Estatuto de Agravios Extranjeros, una norma de 1789 que habilita a ciudadanos de otros países a demandar en tribunales estadounidenses por violaciones al derecho internacional.
NO PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA
Aunque los familiares solo solicitan compensación económica, el caso podría abrir la puerta para que un tribunal evalúe la legalidad de los ataques ordenados por Washington en su campaña marítima contra narcotraficantes.
La demanda insiste en que Joseph y Samaroo no participaban en hostilidades y, que su muerte, constituye una ejecución extrajudicial.
“Si el gobierno estadounidense creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado”, declaró su hermana, Sallycar Korasingh, quien exige que el gobierno estadounidense rinda cuentas.
¿QUÉ DICE LA CASA BLANCA?
Kelly, portavoz presidencial, afirmó que el ataque del 14 de octubre fue dirigido contra “narcoterroristas designados que traen veneno mortal a nuestras costas”. También aseguró que Trump actuó bajo autoridad legal para combatir el tráfico de drogas.
La administración ha descrito estas operaciones como parte de una “guerra contra los cárteles”, argumentando que los grupos criminales constituyen fuerzas armadas. Además, se reiteró que los ataques cumplen con el derecho internacional de los conflictos armados.
«El presidente Trump utilizó su autoridad legal para tomar medidas decisivas contra el flagelo de los narcóticos ilícitos que ha provocado la muerte innecesaria de estadounidenses inocentes», dijo Kelly.
Sin embargo, la ofensiva ha generado críticas en el Congreso y entre organizaciones de derechos humanos. Legisladores demócratas y algunos republicanos cuestionan que no existe autorización legislativa para emprender ataques militares contra cárteles. En tanto, expertos legales señalan que estas organizaciones no cumplen la definición internacional de grupo armado.
