El Gobierno de Estados Unidos aplicará desde este jueves, 16 de octubre, una tarifa de 1.000 dólares a los extranjeros que reciban un permiso de permanencia temporal bajo el programa de ‘parole’ humanitario.
El cargo, en relación con el parole, aplica «para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción». Así se lee en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
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Asimismo, la agencia federal indicó que la nueva tarifa se aplicará también a quienes tengan solicitudes en trámite y que todavía no hayan sido aprobadas.
No obstante, la medida contempla varias excepciones. Entre ellos figuran casos de emergencias médicas, asistencia a funerales o situaciones en las que el DHS considere que otorgar el permiso representa un “beneficio público significativo”. Sobre todo, para un extranjero que haya colaborado o vaya a colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en asuntos de aplicación de la ley.
¿QUÉ PASARÍA SI NO SE CANCELA?
En el mismo comunicado se advirtió que, si el beneficiario del programa no realiza el pago correspondiente al presentarse a inspección en un puerto de entrada o una vez que ya se encuentre en territorio estadounidense, su permiso será cancelado.
¿POR QUÉ TRUMP APLICA ESTA TARIFA?
Lo primero que se debe saber, es que la tarifa fue una de las medidas incorporadas en julio dentro de la One Big Beautiful Bill (“Un gran y hermoso proyecto de ley”). Se trata de una pieza central de la agenda del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El objetivo es cubrir los costos administrativos del procesamiento de solicitudes y reforzar la sostenibilidad del programa. Sin embargo, esta decisión generó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Las mismas advierten que el monto podría representar una barrera insalvable para personas en situación de vulnerabilidad.
Como se sabe, desde su regreso a la Casa Blanca en enero, la Administración Trump implementó medidas destinadas a reducir de forma significativa o desmantelar el uso de este programa.
Asimismo, la misma administración ha buscado anular principalmente los programas de parole implementados para nacionales de Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta situación generó una mayor vulnerabilidad ante posibles deportaciones de los beneficiarios (del parole).
