El gobierno de Estados Unidos introdujo una serie de reformas migratorias que modifican sustancialmente los procesos de naturalización, obtención de visas temporales y acceso a permisos humanitarios.
Estas medidas, anunciadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), afectan a miles de extranjeros, sus familias y empleadores, y responden a nuevas regulaciones federales, disposiciones del Departamento de Trabajo y directivas de la ley HR-1.
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Uno de los cambios más significativos se encuentra en el proceso de naturalización. A partir del 20 de octubre, los solicitantes que presenten el formulario N-400 deberán enfrentar el nuevo “2025 Naturalization Civics Test”, que incluye 20 preguntas seleccionadas de un banco de 128.
Para aprobar, se exige responder correctamente al menos 12 preguntas, mientras que nueve errores implican la reprobación. Quienes hayan iniciado el trámite antes de esa fecha conservarán el examen anterior, más breve y menos exigente.
VISAS H-2A
En cuanto a las visas H-2A, destinadas a trabajadores agrícolas temporales, se han introducido modificaciones que afectan tanto los requisitos de elegibilidad como los procedimientos de contratación.
Estas nuevas reglas buscan reforzar la supervisión laboral y garantizar condiciones más equitativas para los trabajadores extranjeros, aunque también implican mayores responsabilidades para los empleadores, especialmente en términos de documentación y cumplimiento de plazos.
Según la comunicación oficial citada por Reuters, la nueva normativa permite a la agencia tramitar determinadas solicitudes electrónicas incluso antes de que el Departamento de Trabajo (DOL) concluya la certificación laboral temporal, agilizando así procesos burocráticos que antes provocaban demoras significativas.
Otra innovación destacada es la introducción del nuevo Formulario I-129H2A, de uso exclusivo para tramitaciones electrónicas dentro de esta categoría.
Según explicó Matthew Tragesser, vocero del USCIS, el propósito de la medida es fortalecer la continuidad de la producción agrícola nacional. También “garantizar una selección eficaz de quienes integran la fuerza laboral extranjera”.
Insistió, que esta iniciativa, forma parte de los esfuerzos conjuntos del USCIS y el DOL por optimizar los sistemas de contratación agrícola y reducir la acumulación de solicitudes pendientes de procesamiento.
PAROLE HUMANITARIO
Por otro lado, los beneficiarios del parole humanitario —una figura que permite la entrada temporal por razones urgentes— deberán pagar una tarifa obligatoria para acceder al trámite.
En concreto, a partir del 16 de octubre, el USCIS comenzó a aplicar una tarifa de 1.000 dólares estadounidenses por cada solicitud aprobada de permiso humanitario temporal —conocido como parole—, en cumplimiento de lo establecido por la ley HR-1.
Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias, que advierten sobre el impacto económico en personas vulnerables que buscan protección. El USCIS argumenta que la tarifa permitirá mejorar la eficiencia del sistema y cubrir costos operativos.
PARA TENER EN CUENTA
En conclusión, desde octubre de 2025, el gobierno estadounidense ha implementado una serie de cambios normativos que afectan diversos procedimientos migratorios y laborales. Se resumen:
- A partir del 20 de octubre de 2025, quienes soliciten la ciudadanía estadounidense deberán aprobar la versión 2025 del examen de educación cívica, requisito indispensable para completar el proceso de naturalización.
- Asimismo, los trabajadores agrícolas y empleadores que gestionen la visa H-2A podrán presentar solicitudes electrónicas mediante el nuevo Formulario I-129H2A, diseñado para agilizar los trámites y reducir demoras.
- Por otra parte, las aprobaciones de permiso humanitario temporal (parole) emitidas por el USCIS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) están sujetas a una tarifa de 1.000 dólares estadounidenses, salvo en los casos en que el beneficiario cumpla alguna de las 10 exenciones previstas por la ley HR-1.
