La policía de Cambridge, en Maryland (EEUU), arrestó a una mujer acusada de utilizar el estatus migratorio de seis trabajadores guatemaltecos para «evitar» pagarles por un proyecto de construcción en su propia vivienda.
La detención ocurre después de que el caso se volviera viral en redes sociales, donde circuló un video que mostraba el momento en que agentes federales detenían a los obreros mientras trabajaban en el techo de la casa.
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Según Heraldo USA y otros medios, la mujer enfrenta cargos por delito grave relacionados con explotación laboral.
La acusación sostiene que recurrió a amenazas vinculadas a inmigración para obtener un beneficio económico, específicamente evitar el pago de unos 10.000 dólares por la instalación o reparación del techo de su casa.
Lo que se detalló, es que el trabajo había durado varios días y estaba prácticamente terminado cuando ocurrió la supuesta denuncia.
Lo cierto, es que el operativo fue grabado en vivo por Bryan Polanco, un compañero de los trabajadores que posee estatus legal en Estados Unidos y no fue detenido.
En la transmisión, de aproximadamente 30 minutos, se escucha a los obreros gritar que la propietaria había llamado a las autoridades.
También los obreros alcanzaron a expresar temor ante una posible deportación, mientras agentes federales los rodeaban y los obligaban a descender del techo.
Los seis hombres, de entre 18 y 40 años, fueron arrestados en el lugar, dejando atrás una camioneta con herramientas valoradas en miles de dólares.
¿QUÉ DICE EL ICE?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) negó que la operación se hubiera originado por la llamada de la propietaria.
En un comunicado, la agencia aseguró que se trataba de un operativo planificado para detener a personas con órdenes de deportación pendientes.
Añadió que al menos uno de los arrestados tenía antecedentes por reingreso ilegal y, se acotó, que los trabajadores ofrecieron resistencia inicial antes de ser detenidos.
A pesar de la versión oficial de ICE, las autoridades locales continúan investigando a la mujer por posible abuso laboral y fraude.
Las leyes de Maryland prohíben explícitamente el uso de amenazas de deportación para explotar a trabajadores o evadir obligaciones de pago, una conducta que puede constituir un delito grave.
En concreto, los investigadores buscan determinar si la llamada a inmigración formó parte de una estrategia deliberada para evitar cancelar el monto acordado por el trabajo.
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