La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso en su agenda para reformar el sistema de acogida infantil en Estados Unidos al derogar oficialmente la norma de 2022.
La misma exigía a las familias de acogida demostrar apoyo a la transición de género o a la orientación sexual de los menores LGBTQI+ para seguir recibiendo fondos federales.
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La medida, introducida durante el gobierno de Joe Biden y anulada por un tribunal de Texas en junio, quedó ahora eliminada del Registro Federal. Se hizo mediante un aviso de propuesta de reglamentación (NPR), lo que la administración considera un cierre definitivo del capítulo.
La decisión llega acompañada de una advertencia formal enviada a los 50 estados. Por medio de la misma, el Gobierno federal recalcó que la retirada de un niño de su hogar solo puede basarse en «pruebas objetivas de daño o riesgo inminente».
Asimismo, en la carta se cita casos recientes. Específicamente, en los que autoridades estatales habrían separado a menores de sus padres debido a desacuerdos sobre la transición de género. Un criterio que, según la administración Trump, constituye una interpretación indebida de las leyes de protección infantil.
Alex Adams, subsecretario de la Administración para Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés), afirmó a Fox News que el país enfrenta una disminución récord de familias de acogida.
Señaló, que la normativa de 2022, afectaba especialmente a familias con convicciones religiosas. Estas representan —según él— el grupo más dispuesto a asumir la crianza temporal de menores.
Adams insistió en que el Gobierno busca enviar un mensaje «acogedor» a todas las familias dispuestas a participar. Subrayó que «hay 57 hogares por cada 100 niños que entran al sistema» y, que la situación, exige ampliar la base de cuidadores.
«Podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo mejor. El mensaje que estamos tratando de enviar es que vamos a extender la alfombra roja para todos. Necesitamos más hogares de acogida», afirmó Adams, destacando que la estabilidad del niño es la prioridad absoluta.
En tanto, el gobierno federal notificó que los estados no pueden retirar a niños de hogares de acogida. En concreto, basándose únicamente en que los padres se nieguen a apoyar la «autoidentificación» de un menor como el sexo opuesto.
La Administración ha sido tajante sobre esto. Mantuvo que si un estado considera que tratar a un niño según su sexo biológico constituye «abuso o negligencia», se arriesga a perder millones de dólares en fondos federales para el bienestar infantil.
Según Adams, el incumplimiento podría derivar en sanciones severas. Incluida la retirada de fondos bajo la ley CAPTA, lo que marca un endurecimiento significativo en la supervisión federal del sistema de bienestar infantil.
PRESIÓN DE TRUMP
Vale recordar, que Trump sacó a relucir el tema durante su discurso sobre el estado de la Unión del mes pasado. Esa noche contó la historia de los padres de Sage Blair, a quien un juez les quitó la custodia por supuestos abusos. Todo después de que la familia no reconociera de inmediato a su hija como un niño.
«En 2021, Sage tenía 14 años cuando las autoridades escolares de Virginia intentaron someterla a una transición de género, tratándola como un niño y ocultándoselo a sus padres», dijo Trump.
«Poco después, una Sage confundida se escapó de casa. Tras ser encontrada en una situación terrible en Maryland, un juez de izquierda se negó a devolverla a sus padres, porque estos no habían declarado de inmediato que su hija era su hijo», agregó.
«Sage fue internada en un hogar estatal para varones y sufrió terriblemente durante mucho tiempo», continuó el mandatario.
«Pero hoy, todo eso quedó atrás, porque Sage es una joven orgullosa y maravillosa con una beca completa para la Universidad Liberty. Sin duda, todos podemos estar de acuerdo en que ningún estado puede arrebatar a los niños de los brazos de sus padres y someterlos a una transición de género en contra de su voluntad. Debemos prohibirlo, y debemos prohibirlo de inmediato», finalizó.
Por ende, el planteamiento de la administración sostiene que el sistema de acogida debe enfocarse en garantizar entornos seguros y afectuosos para los menores. Evitando que funcione como un vehículo para enfoques ideológicos sobre identidad de género que, según su visión, pueden generar confusión en los niños más vulnerables.
Y, en esa línea, argumenta que la modernización del sistema y el fortalecimiento de alianzas con comunidades religiosas forman parte del compromiso del presidente Trump de reorientar las instituciones públicas hacia criterios que considera de «sentido común».
Todo, al tiempo que protege el principio de que los padres puedan criar a sus hijos conforme a sus propios valores. Pero, siempre dentro del marco legal de protección infantil.
