La nueva política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya está golpeando a uno de los sectores más sensibles de la economía estadounidense: el transporte de carga y, con ello, a miles de camioneros extranjeros.
De acuerdo con Univisión y otros medios, desde este lunes, 16 de marzo, miles de camioneros inmigrantes —incluidos solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA— comenzarán a perder sus licencias comerciales a medida que estas cumplan su fecha de vencimiento.
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La medida, impulsada por el Departamento de Transporte, impide que estos trabajadores obtengan o renueven sus permisos, incluso si cuentan con autorización laboral vigente.
De hecho, el efecto no será inmediato, pero sí inevitable, a medida que expire la validez del documento: cada mes, más conductores quedarán fuera de las carreteras.
¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO?
El impacto potencial es enorme. Se calcula que unos 200.000 camioneros migrantes están en riesgo, una cifra que representa alrededor del 5 % de todas las licencias comerciales del país.
Puede parecer un porcentaje menor, pero en una industria que ya sufre una escasez crónica de mano de obra, cada conductor cuenta. Y mucho.
De hecho, la logística estadounidense depende de ellos para mover más del 70 % de los bienes que circulan dentro del país, desde alimentos hasta materiales industriales.
Además, hay que destacar que se trata de un sector marcado por largas jornadas, semanas lejos de casa y condiciones laborales exigentes, que ha hecho, que muchos trabajadores estadounidenses hayan abandonado el volante.
Ese vacío lo han llenado, durante años, los migrantes. Ahora, con esta nueva restricción, el equilibrio se rompe.
Expertos advierten que la reducción de conductores podría traducirse en entregas más lentas, mayores costos operativos para las empresas y, en última instancia, precios más altos para los consumidores.
¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
Desde el gobierno de Estados Unidos, la defensa de la medida se centra en la seguridad nacional. Tal y como se justifica las redadas en las grandes ciudades.
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, sostiene que durante años se permitió que conductores extranjeros aprovecharan vacíos regulatorios, lo que —según afirma— generó riesgos en las carreteras.
Sin embargo, organizaciones civiles, sindicatos y especialistas en transporte cuestionan ese argumento.
Aseguran que no existen datos que demuestren que los camioneros migrantes representen un mayor peligro y ven en esta política un nuevo capítulo de la estrategia migratoria restrictiva de la administración Trump.
En tanto, para miles de familias, esta decisión significa la pérdida de su principal fuente de ingresos. Muchos camioneros migrantes invirtieron años de trabajo y miles de dólares en obtener certificaciones. También en comprar camiones o construir pequeños negocios de transporte que ahora quedan en el limbo.
