Un juez federal ordenó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conceder audiencia a cerca de 200 venezolanos, quienes fueron deportados a El Salvador, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de estas medidas migratorias.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE y medios locales, el magistrado James Boasberg determinó que cerca de estos 200 venezolanos fueron deportados aparentemente sin el debido proceso y enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador –Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)–, lo que «constituye» una violación de sus derechos fundamentales.
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La decisión obliga al Gobierno estadounidense a ofrecerles la oportunidad de una audiencia para defender sus casos.
Boasberg fijó como plazo el 5 de enero para que el Ejecutivo presente un plan que permita a los migrantes regresar a Estados Unidos o, en su defecto, que puedan comparecer ante un juez de inmigración.
La medida busca garantizar que los afectados tengan acceso a un proceso justo. Esto, luego de que fueran expulsados de manera abrupta y sin posibilidad de impugnar las acusaciones en su contra.
¿QUÉ IMPLICA EL FALLO?
El fallo también certifica una demanda colectiva. Lo que se explicó, es que abre la puerta para que todos los venezolanos enviados al Cecot en El Salvador puedan cuestionar su designación como “enemigos extranjeros” de Estados Unidos.
Esta acción judicial amplía el alcance del caso y refuerza la presión sobre la administración Trump, que deberá responder ante la justicia por la legalidad de sus decisiones.
Vale recordar, que esta deportación masiva se sustentó en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Se trata de un instrumento utilizado históricamente en tiempos de guerra.
Trump acusó a los migrantes de pertenecer al Tren de Aragua. Como se sabe, es una organización criminal transnacional catalogada como terrorista, aunque se afirmó que el mandatario no presentó pruebas que respaldaran esas afirmaciones.
El uso de esta legislación ha sido duramente criticado por expertos legales y defensores de derechos humanos. Consideran que se trata de una aplicación desproporcionada y arbitraria.
En su dictamen, Boasberg fue contundente: “Este Tribunal declara que los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron. Prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”.
Con estas palabras, el juez condenó las supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno de Trump. Además, marcó un precedente que podría redefinir los límites de la política migratoria estadounidense. Todo, en medio de un clima de creciente tensión con las comunidades migrantes.
