El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó el pasado 2 de septiembre una operación militar contra un barco en el mar Caribe en el que viajaban 11 personas acusadas de narcotráfico.
Según reveló el almirante Frank “Mitch” Bradley –de acuerdo con lo reseñado por NBC News– en reuniones privadas con legisladores, todos los ocupantes de la embarcación figuraban en una lista interna de «objetivos militares», elaborada por los servicios de inteligencia y validada como legítima para acciones letales.
Leer Más
LEA TAMBIÉN: REVELARON NUEVOS DETALLES SOBRE LA LLAMADA ENTRE MADURO Y TRUMP, ESTAS SERÍAN LAS PROPUESTAS
La operación se enmarca en la campaña impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los barcos que siven al narcotráfico internacional.
Como se informó en las últimas semanas, la controversia se intensificó porque, tras el primer ataque, dos sobrevivientes supuestamente quedaron en el agua y el ejército lanzó un segundo bombardeo que terminó con sus vidas.
Bradley «reconoció» ante los legisladores que posteriormente ordenó un tercer y cuarto ataque para hundir el barco y destruir la carga de cocaína. Y habría confirmado que el segundo mató a los dos sobrevivientes.
El pasado martes la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, explicó en una rueda de prensa que la medida, ordenada por el almirante Frank Bradley y avalada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, buscaba “garantizar la destrucción del barco y la eliminación de una amenaza para Estados Unidos”.
“Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista. (…) Nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas. Sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que estos individuos son narcoterroristas”, insistió.
https://t.co/o5xOQ6HRFg pic.twitter.com/s9ktAlDQUi
— Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025
CONTROVERSIA EN EL CONGRESO
Sin embargo, la legalidad de la operación ha sido cuestionada en el Congreso. Algunos legisladores, en su mayoría del Partido Demócrata, plantean que el segundo ataque podría haber violado el derecho internacional, al dirigirse contra sobrevivientes que ya no representaban una amenaza inmediata.
Sin embargo, un funcionario del gobierno defendió la actuación de Bradley, asegurando que en todo momento contó con asesoría legal del cuerpo de abogados militares (JAG) y que la misión se ejecutó conforme a la normativa vigente.
De hecho, durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca la semana pasada, Hegseth defendió el segundo ataque, aunque aclaró que no lo presenció telemáticamente, afirmando que Bradley «tomó la decisión correcta».
“Esto se llama la niebla de la guerra”, dijo Hegseth.
¿SE EJECUTÓ UNA ORDEN SIN CUARTEL?
En otra sesión informativa, citada por el mencionado medio de comunicación, Bradley fue cuestionado sobre si Hegseth le había dado una “orden sin cuartel”, considerada ilegal por implicar la ejecución de todos los combatientes enemigos sin importar si se renden o están heridos de gravedad.
De acuerdo con un funcionario estadounidense y otra persona con conocimiento de la reunión, el almirante negó haber recibido tal instrucción y aseguró que, en caso de haberla recibido, no la habría obedecido.
A diferencia de una “orden sin cuartel”, una «orden de matar a todas las personas incluidas en una lista de objetivos» no está prohibida por el derecho estadounidense e internacional. Y es, lo segundo, lo que supuestamente Bradley dijo que ejecutó.
