La nueva ley en Texas autoriza a cualquier residente a demandar a quienes fabriquen, distribuyan o envíen píldoras abortivas, incluso si lo hacen desde fuera de este estado de EEUU.
Esta ley amplía las restricciones ya existentes sobre el aborto y abre un debate nacional sobre los límites de la jurisdicción estatal y derechos reproductivos.
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En concreto, la ley permite que cualquier ciudadano presente demandas civiles contra personas o entidades que fabriquen, prescriban, distribuyan o envíen píldoras abortivas, incluso si estas acciones se realizan fuera de las fronteras texanas.
Según el texto, los demandantes podrían reclamar indemnizaciones de hasta 100.000 dólares por cada caso en que se facilite el acceso a estos medicamentos.
¿CUÁL EL OBJETIVO DE ESTA LEY?
El objetivo declarado de la ley es frenar el uso de la telemedicina y el envío de píldoras abortivas por correo, prácticas que se han convertido en una vía frecuente para interrumpir embarazos en Estados Unidos.
De acuerdo con datos recientes, uno de cada cuatro abortos en el país se realiza actualmente mediante telemedicina, lo que convierte a esta modalidad en un blanco directo de la legislación texana.
¿QUÉ PASARÁ CON LAS MUJERES QUE CONSUMEN LAS PÍLDORAS?
Lo que se detalló, es que la normativa permite presentar demandas contra los productores de píldoras abortivas, aunque aclara que las mujeres que las utilicen no enfrentarán sanciones civiles.
De esta manera, la ley representa el primer reto directo contra las llamadas “leyes escudo”. Estos estatutos, adoptados en estados como Massachusetts y Nueva York tras la anulación de Roe v. Wade, buscan blindar a médicos y proveedores de servicios de aborto frente a demandas provenientes de otras jurisdicciones.

¿QUÉ IMPLICA ESTA MEDIDA?
Para entender el impacto que puede tener la ley, vale tomar en cuenta que según el informe #WeCount de la Society of Family Planning, hacia finales de 2024 los proveedores de estos estados realizaban más de 12.000 abortos mensuales en territorios donde la práctica está prohibida, incluido Texas.
Desde la anulación de Roe v. Wade hace tres años, los grupos antiaborto han centrado sus esfuerzos en frenar la expansión de las leyes escudo. También en limitar la telemedicina, responsable de una cuarta parte de los abortos en EEUU.
Sin embargo, el uso de píldoras abortivas ha crecido, aumentando el número total de procedimientos pese a las restricciones. Hasta ahora, las demandas impulsadas por activistas antiaborto han tenido escasos resultados.
Como muestra de esta batalla, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó acciones legales en Nueva York contra una médica acusada de enviar estos fármacos y un funcionario que sostuvo que la ley escudo de su estado le impedía aplicar una sanción dictada en Texas.
Ahora, con la ley, se espera poder adoptar sanciones contra los proveedores de estos servicios de aborto.

