Organismos de seguridad liberaron este lunes a los dos tesistas y las dos productoras audiovisuales que habían privado de libertad y trasladado a un rumbo desconocido desde el pasado viernes.
Los cineastas responden a los nombres de Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández, informó el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo.
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Murillo alertó que este caso «sienta un grave precedente en el país». Diferentes organizaciones y familiares, reportaron que la detención la llevaron a cabo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado viernes a las 3:45 de la tarde cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
Todos liberados.
Una vez más se muestra el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad. https://t.co/kZx0oG1kHF
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) November 4, 2025
«Realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario», precisó Murillo a EFE.
«Esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país», recalcó.
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En este sentido, resaltó que este caso pudiera dar pie a que sigan ocurriendo detenciones a estudiantes. «La detención de este grupo configura un patrón que, desde el Estado, se busca silenciar las voces críticas, las voces académicas, el arte, y todo esto termina restringiendo el libre pensamiento y el flujo de las ideas. Por eso nos parece que este caso es grave», expresó.
Murillo reveló que Marcela Hernández «es representante de una organización civil que promueve la producción audiovisual de mujeres».
Mientras tanto, el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, hizo un llamado a seguir denunciando estos casos y destacó «el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad». En esta línea, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo que «la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela estén con sus familiares y amigos».
Asimismo, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigió «una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales».
