En un trágico hecho ocurrido en Mobile, en Alabama (EEUU), Franklin Oriel Fajardo Arana, un migrante hondureño, terminó arrestado por la policía local tras provocar un accidente automovilístico mientras conducía bajo los efectos del alcohol, en el cual murió un adolescente de 16 años.
De acuerdo con la información citada por Fox News, Fajardo Arana enfrenta cargos de homicidio culposo del adolescente por conducir en estado de ebriedad, según informó el Departamento de Policía de Mobile.
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Lo que se detalló, es que el vehículo que manejaba impactó a otro automóvil, causando que este se volcara y provocando el fallecimiento del joven.
En concreto, se indicó que los agentes del Departamento de Policía de Mobile acudieron al lugar del accidente vial, donde encontraron involucrados un Toyota Corolla y un Toyota 4Runner, este último volcado sobre uno de sus costados. Lamentablemente, la víctima fue declarada muerta en el sitio del siniestro.
Para más gravedad del caso, las investigaciones revelaron que el acusado ya tenía antecedentes por conducir ebrio, lo que agudiza la complicada situación legal del acusado.
¿QUÉ INFORMACIÓN APORTÓ ICE?
En concreto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo describió como «un extranjero ilegal de Honduras» tras su detención por el Departamento de Policía de Mobile.
«ICE mantiene su compromiso de dar prioridad a la detención y expulsión de los delincuentes extranjeros ilegales que suponen una amenaza para la seguridad pública», declaró en un comunicado el director en funciones ICE en Nueva Orleans, Scott Ladwig.
«Este caso subraya la importancia crítica de las asociaciones ICEcon las fuerzas de seguridad locales para identificar y expulsar a individuos que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación y han puesto en peligro a nuestras comunidades», se agregó en la misma comunicación.
Asimismo, la Oficina de Investigación de Delitos Económicos de Nueva Orleans (ERO New Orleans) informó que colabora estrechamente con las autoridades locales, estatales y federales para “identificar y detener a personas que representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional”.
