En los últimos meses, las probabilidades de que los solicitantes de asilo obtengan una respuesta favorable en las cortes de inmigración de Estados Unidos han caído drásticamente, sobre todo, desde el regreso del presidente de EEUU, Donald Trump, a la Casa Blanca.
Esta tendencia se ha intensificado tras un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) que permite a los jueces desestimar de forma expedita los casos considerados infundados, sin necesidad de celebrar audiencias de mérito.
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Como era de esperarse, esta medida genera preocupación entre defensores de derechos humanos y abogados migratorios, quienes advierten que miles de personas podrían ver sus casos cerrados sin oportunidad de presentar pruebas ni argumento.
“Los casos de asilo enfrentan un panorama muy preocupante en Estados Unidos”, dijo, por ejemplo, el abogado de inmigración Alex Gálvez, citado por El Nuevo Herald.
La decisión emitida el mes pasado estableció que los jueces “no están obligados a celebrar audiencias de mérito en solicitudes incompletas o en las que el solicitante no cumple los requisitos para recibir ayuda”, lo que significa que no tendrían la oportunidad de ofrecer su testimonio en corte, reiteró el abogado.
“La mayoría de casos de asilo se gana con el testimonio de los solicitantes, de escuchar de su propia voz sobre el riesgo que corre su vida si son deportados”, considera Gálvez, quien representa a centenares de solicitantes de asilo.
¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?
Con un colapso histórico de 3.8 millones de casos en las cortes de inmigración —de los cuales cerca de 2.4 millones corresponden a solicitudes de asilo—, la reciente decisión busca agilizar el ritmo de atención judicial, permitiendo que los jueces procesen más expedientes por jornada.
Según reportes desde los tribunales de Los Ángeles, abogados especializados han observado un aumento significativo en la carga diaria de trabajo: lo que antes se resolvía en dos o tres audiencias, ahora se ha elevado a entre ocho y nueve casos por día, reflejando la presión institucional por descongestionar el sistema.
“El precedente va a ser usado por muchos jueces para cerrar los casos de forma prematura y finalmente ordenar la deportación”, lamentó Gálvez.
UN GOLPE AL BOLSILLO
Además del temor de ser deportado, los migrantes en Estados Unidos ahora deben enfrentar un nuevo cobro de $100 anuales impuestos por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés).
La tarifa es obligatoria para todo extranjero que haya tenido una solicitud de asilo pendiente durante todo el período comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
Muchos solicitantes enfrentan un plazo inminente para realizar el pago correspondiente, que vence este viernes 31 de octubre. Sin embargo, una gran parte de ellos no está al tanto de esta obligación, advirtió el mismo abogado Gálvez.
Ante esta situación, recomendó encarecidamente que todos los peticionarios revisen la información actualizada en el sitio web de USCIS o se comuniquen directamente con sus abogados o representantes legales para evitar contratiempos.
