En una medida que ha generado preocupación entre padres, educadores y defensores de los derechos civiles, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump eliminó de «manera silenciosa» una norma federal que obligaba a las escuelas públicas a brindar apoyo especializado a niños migrantes para aprender inglés.
De acuerdo con un reportaje de la cadena Univisión, esta regla, vigente desde hace años, garantizaba que los estudiantes con dominio limitado del inglés recibieran asistencia lingüística para integrarse académica y socialmente.
LEA TAMBIÉN: TRUMP PATRULLARÁ LAS CALLES DE WASHINGTON JUNTO A POLICÍAS Y MILITARES, UNA MEDIDA DRÁSTICA Y SIN PRECEDENTES
«Esto abandona a cinco millones de estudiantes a nivel nacional», advirtió al mencionado medio de comunicación Karla Hernández-Mats, vicepresidente de la American Federation Of Teachers.
La portavoz del Departamento de Educación, Madi Biedermann, dijo al Washington Post que la guía para la enseñanza de inglés a estudiantes fue anulada porque «no está en línea con la política de la Administración».
La guía, publicada por primera vez en 2015, detallaba cómo identificar a los estudiantes que aprenden inglés y cómo ayudarlos a aprender el idioma, a la vez que les asistía para comprender el contenido de sus clases.
Esta medida indicaría que la administración Trump no planea aplicar la ley federal. La misma exige que las escuelas ayuden a los estudiantes a aprender inglés y comprender el contenido académico. Esto, según lo determinó la Corte Suprema de Estados Unidos en 1974.
La eliminación de esta norma no solo implica un cambio administrativo. También se despidió a casi todo el personal encargado del programa de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés).
CONSECUENCIAS DE NO APRENDER INGLÉS
Activistas temen que, sin esta estructura, miles de niños recién llegados al país enfrenten barreras insuperables para acceder a una educación de calidad. “Es como quitarles el puente hacia el futuro”, expresó una madre migrante.
Desde el punto de vista legal, la medida ha sido criticada por expertos en derechos educativos. Señalaron que podría violar principios de igualdad de acceso establecidos en leyes federales.
Aunque el gobierno argumenta que busca reducir gastos y priorizar a ciudadanos estadounidenses, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) advierten que esta política podría aumentar la deserción escolar y marginación de comunidades enteras.
A nivel social, el impacto podría ser profundo. Enfatizaron que los programas de inglés no solo enseñan vocabulario. También ayudan a los niños a adaptarse culturalmente, superar traumas migratorios y construir redes de apoyo.
