En un movimiento sin precedentes, el gobernador de Florida (EEUU), Ron DeSantis, propuso una iniciativa que permitiría a las autoridades estatales arrestar y procesar a migrantes indocumentados sin la intervención del gobierno federal.
La medida busca otorgar a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) y, sobre todo, a la Guardia Nacional, facultades ampliadas para actuar como oficiales migratorios, agilizando los procesos de deportación y reforzando la seguridad estatal.
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La propuesta se basa en el acuerdo 287 (g), que permite a ciertos agentes estatales ejecutar órdenes federales de inmigración.
DeSantis ha destacado que esta estrategia es única en el país, ya que busca reducir la dependencia de agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Además, el gobernador ha señalado que la iniciativa responde a la creciente preocupación por la inmigración ilegal y su impacto en la seguridad pública.
Sin embargo, la medida ha generado una fuerte controversia. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por la capacitación de los agentes estatales y el posible abuso de autoridad.
Expertos legales advierten que la implementación de esta política podría enfrentar desafíos constitucionales, ya que la regulación de la inmigración es tradicionalmente una competencia federal.
Florida ya ha demostrado su postura firme en materia migratoria con operaciones como “Marea Negra”, que resultó en la detención de más de 1.120 migrantes en colaboración con agencias locales y federales.
DeSantis señaló que este modelo de acción refuerza la capacidad del estado para manejar la inmigración de manera autónoma y efectiva.
A medida que la propuesta avanza, el debate sobre la autonomía estatal en la aplicación de leyes migratorias sigue intensificándose.
En tanto, DeSantis subrayó que al dotar de estas facultades a los agentes, se reducen los tiempos de espera para que el ICE intervenga en arrestos.
