El gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, ha intensificado su ofensiva contra la inmigración irregular, contemplando la posibilidad de suspender el derecho de los migrantes a impugnar su detención ante los tribunales.
De acuerdo con medios estadounidenses, esta medida, basada en la interpretación de la Constitución sobre el recurso de habeas corpus, permitiría acelerar las deportaciones sin necesidad de un proceso judicial individual como los exigen los jueces federales.
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Como era de esperarse, la propuesta ha generado una fuerte reacción entre defensores de derechos humanos y expertos legales, quienes advirtieron sobre sus implicaciones constitucionales.
La administración Trump ha justificado esta posible suspensión argumentando que el país enfrenta una «invasión» de migrantes indocumentados.
Stephen Miller, subdirector de gabinete de políticas de la Casa Blanca, declaró que la Constitución permite suspender el habeas corpus en casos de invasión, lo que, según él, aplicaría a la situación actual.
Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por juristas, quienes señalan que la medida podría ser impugnada en los tribunales y enfrentaría un escrutinio legal significativo.
Históricamente, la suspensión del habeas corpus en Estados Unidos ha ocurrido en circunstancias excepcionales, como durante la Guerra Civil y tras el ataque a Pearl Harbor en 1941.
La administración Trump ya ha enfrentado obstáculos judiciales en sus intentos de acelerar deportaciones, como el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión en El Salvador. Esta estrategia fue bloqueada por jueces federales, quienes consideraron ilegal su aplicación en tiempos de paz.
Los críticos de la medida advierten que su implementación podría generar una crisis constitucional, al desafiar principios fundamentales del debido proceso.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y deportaciones sin revisión judicial, lo que podría afectar a personas con estatus legal o ciudadanos estadounidenses de origen migrante.
La Casa Blanca, por su parte, insiste en que la medida es necesaria para garantizar la seguridad nacional y frenar la inmigración irregular.
