El canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, envió un nuevo escrito a la Cancillería de El Salvador, mediante el cual reitera el rechazo a la propuesta del país centroamericano que insiste en intercambiar a los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos por los detenidos en Venezuela por su pensamiento político.
Gil señaló que consideran que dicha nota de El Salvador constituye, en efecto, «una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales».
VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL COMETIDAS POR EL SALVADOR
En el texto, el canciller de Maduro destacó las acusaciones que están haciendo en contra de El Salvador.
- Violación de los DD.HH. de los ciudadanos venezolanos, privados de su libertad de forma arbitraria, recluidos sin orden judicial ni juicio previo en un centro de confinamiento de máxima seguridad, sometidos a condiciones degradantes e inhumanas, sin posibilidad de contacto con familiares ni representación legal, y lo más importante convirtiéndolos en víctimas del gravísimo delito de trata humana.
- Criminalización colectiva y xenofobia institucional, al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales, en abierta vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de responsabilidad penal individual.
- Negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica, ni comparecencia ante tribunales competentes, en violación directa de las garantías mínimas reconocidas por el derecho internacional general, transformándolos de manera automática en víctimas de desaparición forzada.
- Propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible, al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas, sin fundamento jurídico ni ético. Tomando en cuenta adicionalmente, que ninguno de los detenidos a los que hace mención posee la ciudadanía salvadoreña, siendo la mayoría de estos ciudadanos venezolanos. Este planteamiento constituye una aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana.
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- Secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de EEUU, quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño. Esta práctica representa una violación directa del derecho internacional público, así como de principios constitucionales reconocidos incluso por el sistema judicial estadounidense. Esta conducta, incluso, la han condenado órganos de justicia de ese país, incluida la Corte Suprema, la cual ha advertido sobre los límites legales de las deportaciones arbitrarias y el respeto al debido proceso
Frente a esta situación, exigió la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente. Además, responsabilizó al Estado salvadoreño por cualquier afectación a su integridad física y psicológica.
Por otra parte, reiteró el llamado a El Salvador a que responda el cuestionario que contiene «requerimientos fundamentales para la investigación en curso y para la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad».
- Identificación de las personas venezolanas privadas de libertad que fueron deportadas al referido país desde los Estados Unidos.
- ¿Qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos en El Salvador?
- ¿Ante qué Tribunal han sido presentados y qué procedimiento se sigue en su contra?
- ¿Se les ha garantizado su derecho a la defensa, a la salud y a la comunicación con sus familiares?
- Entrega inmediata, a los familiares de los secuestrados, así como sus abogados y representantes legales, de una Fe de Vida de cada uno de ellos, que sea comprobable bajo estándares internacionales.
Finalmente destacó que es fundamental que respondan estas preguntas para comenzar el proceso de restitución de las libertades de los secuestrados y el inicio de su regreso a Venezuela.
